Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala llama a asegurar una elección de magistratura de la Corte de[...]

Comunicado de Prensa

Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala llama a asegurar una elección de magistratura de la Corte de Constitucionalidad basada en mérito, idoneidad e independencia

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala toma nota de la elección que el Congreso de la República debe realizar el día de hoy para designar a la magistratura titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) que corresponde a dicho organismo, en cumplimiento de la resolución emitida por la propia Corte de Constitucionalidad.

La Misión recuerda que la Corte de Constitucionalidad ocupa un lugar central en el orden constitucional y en el sistema de frenos y contrapesos. Por ello, la legitimidad, credibilidad y autoridad institucional del tribunal dependen, en gran medida, de que las instancias designantes realicen nombramientos guiados por criterios objetivos, verificables y compatibles con los principios de legalidad, independencia judicial y control constitucional.

En este contexto -y sin perjuicio de que el plazo máximo general para realizar la elección aún se encuentre en curso- la Misión subraya que la urgencia derivada de una decisión judicial no debe traducirse en decisiones apresuradas, opacas o motivadas por intereses particulares. Por el contrario, el acto debe reforzar la confianza ciudadana, contribuir a la renovación oportuna de las instituciones y preservar la certeza jurídica.

En consecuencia, la Misión insta al Congreso de la República a que la elección se conduzca con máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas, garantizando una deliberación responsable y una decisión debidamente fundamentada, de conformidad con la Constitución, la ley y los estándares interamericanos aplicables.

De manera específica, la Misión exhorta a que la persona designada como magistrada o magistrado ante la CC reúna, como mínimo, calidades plenamente consistentes con el interés público, incluyendo:
• Idoneidad y solvencia técnica comprobables, con trayectoria profesional que demuestre dominio del derecho constitucional, capacidad de argumentación jurídica y respeto estricto al debido proceso.
• Honorabilidad e integridad acreditables, con conducta ética consistente y compromiso con la probidad en el ejercicio de la función pública.
• Independencia e imparcialidad, evidenciadas por la ausencia de subordinación a intereses partidarios, económicos o de cualquier otra naturaleza, así como por la capacidad de resistir presiones indebidas.
• Ausencia de conflictos de interés (reales, potenciales o aparentes) que puedan comprometer el criterio judicial o afectar la credibilidad del tribunal.
• Compromiso con el Estado de derecho y los derechos humanos, incluyendo el respeto a la separación de poderes y a la supremacía constitucional, en consonancia con los principios de la Carta Democrática Interamericana.

De igual forma, la Misión considera indispensable que el Congreso evite designaciones que puedan comprometer la independencia y legitimidad de la justicia constitucional. En particular, la Misión llama a no elegir:
• Personas cuya eventual designación responda a acuerdos de reparto, cuotas o negociaciones opacas, en detrimento del mérito y la idoneidad.
• Perfiles con vínculos o compromisos políticos o económicos que puedan traducirse en dependencia, parcialidad o instrumentalización de la función constitucional.
• Personas con señalamientos graves y consistentes de falta de integridad que no hayan sido debidamente esclarecidos, o con antecedentes que comprometan la confianza pública en su actuación.
• Candidaturas asociadas a prácticas de cooptación, tráfico de influencias o debilitamiento institucional, o que impliquen riesgo de utilizar el cargo para obstaculizar la rendición de cuentas o distorsionar el control constitucional.

La elección que corresponde realizar al Congreso de la República de Guatemala reviste especial importancia, no solo para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, sino también para el futuro de la democracia en el país.

La Misión Especial de la OEA reitera su disposición a continuar observando y acompañando, en el marco de su mandato, los procesos de elección de segundo grado en Guatemala, y exhorta a todos los actores institucionales a actuar con estricto apego a la Constitución, a las resoluciones judiciales vigentes y a los principios democráticos, priorizando el interés público por encima de cualquier otro interés.

Referencia: C-029/26