Comisión de Seguridad fortalece ley sobre personas desaparecidas con aportes de Cruz Roja y experto en derechos humanos

Miércoles, 03 de junio del 2026 - 16:53 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Seguridad Integral recibió los aportes de la Cruz Roja Ecuatoriana en relación con el tratamiento del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Durante su intervención, los representantes de la institución resaltaron la importancia de fortalecer la normativa conforme a estándares internacionales, así como de garantizar una atención integral a las víctimas y a sus familiares.

Jorge Arteaga, gerente de Áreas Esenciales, señaló que la organización aborda la problemática de las personas desaparecidas desde una perspectiva neutral, imparcial y humanitaria, enfocándose en el restablecimiento del contacto familiar y en la atención de la salud mental de los familiares afectados.

Por su parte, Gabriela Rojas, coordinadora nacional del Programa de Principios Fundamentales y Valores Humanitarios, presentó tres observaciones a la iniciativa. La primera se refiere a la necesidad de incorporar plenamente los criterios establecidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con el fin de fortalecer la definición y presunción de este delito en la legislación ecuatoriana.

La segunda plantea reforzar las medidas de protección para los familiares de las víctimas, especialmente mediante acompañamiento psicológico y apoyo psicosocial, considerando el impacto emocional que genera la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.

Finalmente, propuso incluir mecanismos de apoyo psicosocial para los funcionarios públicos encargados de la gestión e investigación de estos casos, debido a la complejidad y carga emocional que implica su trabajo.

Posteriormente, la mesa legislativa recibió a Roberto Veloz, experto en Derechos Humanos, quien valoró la calidad técnica del proyecto y su enfoque de protección de derechos, pero planteó observaciones para fortalecerlo. Entre ellas, recomendó visibilizar de manera expresa a las víctimas indirectas -especialmente los familiares de las personas desaparecidas- desde la exposición de motivos, reconociendo el impacto humano y emocional que enfrentan mientras buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Asimismo, sugirió incorporar referencias constitucionales clave, como los artículos 66 y 80 de la Constitución, relacionados con el derecho a la integridad personal y las acciones derivadas de casos de desaparición forzada. También enfatizó la necesidad de incluir de forma expresa los principales instrumentos internacionales en la materia, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Finalmente, propuso reforzar las disposiciones relacionadas con el acceso a la información, estableciendo que ninguna institución pública pueda ampararse en el secreto o la confidencialidad para obstaculizar investigaciones sobre desapariciones forzadas. También recomendó fortalecer las garantías de protección para grupos de atención prioritaria, como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

JC