por presuntas vulneraciones en videovigilancia en Segura EP

Miércoles, 08 de julio del 2026 - 14:38 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, este miércoles 8 de julio, avanzó en el proceso de fiscalización para conocer, analizar y hacer seguimiento a las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en la ciudad de Guayaquil. Para el efecto, recibió al delegado de la Fiscalía General del Estado, al expresidente de Segura EP, Fernando Cornejo, y a Fabián Hurtado, presidente ejecutivo de ECFORENCIS.

Israel Carrión, delegado de la Fiscalía General del Estado, indicó que se ha iniciado una investigación previa sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad por parte de Segura EP. Señaló que, al encontrarse el proceso en fase investigativa y de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal, la información se mantiene con carácter reservado. Precisó que esta investigación se desarrolla en la Unidad de Fuero de Corte Nacional, debido a la jerarquía del funcionario denunciado, por el presunto delito de asociación ilícita.

Por su parte, Fernando Cornejo, de Segura EP, explicó que durante su gestión se brindó todo el apoyo requerido por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las acciones relacionadas con la seguridad de la ciudad de Guayaquil. Añadió que el sistema de videovigilancia en el Puerto Principal funciona desde 2006 y que el Municipio de Guayaquil delegó su administración a Segura EP., entidad que, según indicó, ha cumplido con sus responsabilidades.

Sobre la creación de salas espejo en los sistemas de videovigilancia, Fabián Hurtado, experto en ciberseguridad de ECFORENCIS, explicó que un sistema de videovigilancia o C5 forma parte de un ecosistema de seguridad que permite el acceso a personal autorizado mediante perfiles previamente establecidos.

Indicó que una sala espejo es un mecanismo anexo que replica la información transmitida por el sistema principal y permite operar las cámaras mediante un usuario administrador conectado de manera remota. Para ello, se establece un enlace privado entre la sala principal y la sala espejo, cuya implementación, en este caso, sería técnicamente viable.

Sin embargo, observó que este tipo de arquitectura puede generar riesgos, debido a que permite descargar grabaciones, reorientar cámaras mediante direccionamientos específicos y acceder a componentes críticos del sistema, lo que podría afectar la cadena de custodia de la información. Por ello, consideró necesario realizar una auditoría forense que permita garantizar la autenticidad de los audios y videos. En caso de comprobarse una manipulación del sistema, podrían configurarse delitos relacionados con el acceso no consentido a bases de datos y la afectación a la intimidad de las personas.

Ley Antimafias

En otro punto, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado "Ley Antimafias", la comisión recibió las observaciones de Santiago Trejo, delegado de la Asociación de Industriales Licoreros.

Trejo explicó que uno de los factores que inciden en la inseguridad es la elevada carga tributaria aplicada a los productos como licores y tabaco, situación que, a su criterio, favorece el contrabando y la captación de este segmento comercial por parte de grupos de delincuencia organizada.

Añadió que el contrabando ocupa un amplio espacio en el mercado nacional, debido a que muchos consumidores priorizan el precio por encima de la trazabilidad del producto y el cumplimiento de la normativa vigente. En este sentido, planteó la reforma de dos artículos de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno relacionados con el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), con el objetivo de regularizar el comercio de estos productos y combatir el contrabando.

Según explicó, esta medida permitiría al Estado recuperar alrededor de 150 millones de dólares en ingresos y contribuiría a reducir los recursos económicos de los grupos delincuenciales. "Esta reforma incidirá en una baja sensible para la economía de los grupos delincuenciales", enfatizó.

EG