Colombia: Gustavo Petro llega al final de su mandato con tareas pendientes para garantizar la libertad de prensa

Colombia es uno de los pocos países del continente americano donde la situación general ha mejorado, al avanzar hasta el puesto 102 entre 180 países y territorios en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF. Pero eso no debe ocultar una dinámica frágil: los ataques contra la prensa siguen siendo recurrentes y ocho periodistas han sido asesinados durante el mandato de Gustavo Petro, entre ellos el director del medio digital El Confidente en 2026, Mateo Pérez Rueda.

En continuidad con la reunión de RSF con el presidente saliente en agosto de 2025, cuyo heredero político Iván Cepeda aparece encabezando la primera vuelta del 31 de mayo, la organización hace balance de estos últimos años y recomienda reformas urgentes para el siguiente gobierno.

¿Cómo garantizar el acceso a una información confiable y plural?

La libertad de prensa se basa en el acceso a la información pública, el pluralismo de medios y la diversidad de actores de la información, lo que supone medios capaces de funcionar de manera duradera y con plena independencia. Muchos medios en Colombia enfrentan una fuerte precariedad económica, dependencia de la publicidad estatal o privada y presiones en el terreno. Sin condiciones materiales e institucionales para existir, siguen expuestos a la autocensura, a la reducción de su cobertura o a su desaparición, especialmente en los desiertos informativos. Estas preocupaciones aparecen en la misión realizada por RSF en Bogotá y han sido objeto de algunos compromisos asumidos por el gobierno en los últimos años: reforzar la sostenibilidad económica de los medios, con especial atención a los medios comunitarios y de información local; garantizar la independencia editorial de los medios públicos, para que puedan cumplir su misión sin quedar sometidos a lógicas políticas del gobierno de turno; asegurar una distribución más equitativa de la publicidad estatal; y responder a los desafíos planteados por la desinformación y la inteligencia artificial.

Así, el proyecto de política pública desarrollado por el Ministerio del Interior incluye recomendaciones, por ejemplo, para garantizar el acceso a una información pública "veraz, imparcial y oportuna" y para que la financiación pública respete el pluralismo y la diversidad de medios. En paralelo, la Misión de Transformación Digital 2035 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) reconoce a los medios comunitarios y ciudadanos como actores estratégicos.

Recomendación de RSF: varios de estos compromisos siguen pendientes y solo serán creíbles si van acompañados de reglas transparentes sobre la distribución de la publicidad estatal, para garantizar una financiación equitativa y no discriminatoria; de autonomía editorial en las redacciones y criterios claros para evaluar el pluralismo de medios; de herramientas para que los medios locales y comunitarios resistan presiones políticas o económicas; así como de medidas concretas frente a la desinformación y a los usos de la inteligencia artificial, basadas en la transparencia, la supervisión humana y la rendición de cuentas.

¿Cómo proteger mejor a quienes informan?

La seguridad de periodistas y actores de la información sigue siendo uno de los principales desafíos en el país. Colombia cuenta con instrumentos pertinentes, como la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jineth Bedoya Lima, periodista y editora de género de El Tiempo, que reconoce la "responsabilidad" del Estado colombiano en materia de seguridad.

Sin embargo, una respuesta efectiva, rápida y adaptada a los riesgos reales del ejercicio periodístico no siempre está garantizada. Bajo el actual mandato, iniciado en agosto de 2022, RSF ha documentado al menos ocho asesinatos de periodistas vinculados al ejercicio de su función: Rafael Emiro Moreno, Mardonio Mejía Mendoza, Jaime Vásquez, Óscar Gómez Agudelo y Mateo Pérez Rueda.

Los seguimientos realizados por RSF, en continuidad con el trabajo adelantado junto a la Defensoría del Pueblo, también ponen de relieve desplazamientos forzados, exilio, acoso digital, censura y múltiples trabas al trabajo de la prensa. Esta cooperación alimentó varios mecanismos piloto de seguimiento de riesgos y subrayó la importancia de mantener una coordinación institucional en los territorios más expuestos.

Recomendación de RSF: el principal desafío sigue siendo la insuficiencia de la respuesta estatal frente a agresiones, amenazas y asesinatos contra periodistas, y la impunidad que de ello se deriva. Los compromisos del Estado deben traducirse ahora de manera concreta en tiempos de reacción verificables, evaluaciones de riesgo más eficaces, aplicación efectiva del protocolo de urgencia para casos de violencia, continuidad de la coordinación con la Defensoría del Pueblo y avances más activos en las investigaciones por amenazas y crímenes cometidos contra periodistas.

De la urgencia de garantizar un discurso público de valoración del periodismo

A las condiciones materiales y de seguridad se suma un aspecto igual de decisivo: prevenir el discurso estigmatizante contra la prensa para garantizar el entorno y el clima político en el que operan los medios. Las tensiones recurrentes entre el presidente Gustavo Petro y sectores importantes del periodismo muestran que esta cuestión sigue siendo central.

Aunque la Directiva Presidencial No. 07 de 2024, sobre los deberes de los agentes públicos en materia de respeto a la libertad de prensa, ordenó a las autoridades abstenerse de estigmatizar, discriminar o hacer declaraciones que puedan alentar la violencia, estos estándares no se han consolidado plenamente en la práctica bajo este gobierno.

Recomendación de RSF: el desafío inmediato ya no es abrir nuevos diagnósticos, sino asegurar que esta obligación no dependa del estilo de un gobierno en particular y sea asumida como una política de Estado, con el fin de promover un entorno favorable al ejercicio periodístico, tanto en este final de mandato como bajo el próximo gobierno.