07/03/2026 | Press release | Distributed by Public on 07/03/2026 08:18
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), junto a la Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO), destaca y celebra el trascendental fallo dictado por el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago. La condena contra los responsables del espionaje ilegal contra el periodista de investigación Mauricio Weibel Barahona sienta un precedente judicial categórico en el continente.
Mauricio Weibel - Foto: redes sociales
La sentencia dictada contra el exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general retirado Shafik Nazal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete -condenados a 5 años de libertad vigilada e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer derechos políticos- por espionaje al periodista Mauricio Weibel Barahona constituye un acto de justicia histórico. El comunicador fue objeto de un montaje fraudulento en el que se llegó a suplantar su identidad con el objetivo de intervenir sus comunicaciones.
Este asedio institucional planificado se llevó a cabo desde 2017 con el objetivo de socavar su trabajo de investigación, tras haber destapado graves hechos de corrupción militar en la compra de armas. El caso conocido como "Milicogate", derivó en la derogación de la Ley 13.196 Reservada del Cobre que destinaba el 10% de las ventas de la empresa estatal Codelco al gasto militar .
Este caso visibiliza los niveles de desprotección, riesgo y vulnerabilidad laboral a los que se enfrentan lxs periodistas en Chile que se atreven a fiscalizar a los factores de poder. El derecho a informar debe comprender la garantía democrática fundamental de que investigar no significará convertirse en un blanco de persecución. El periodismo de investigación es una herramienta indispensable de transparencia y salud democrática.
La FIP se suma al llamado de FENATRAMCO e insta a las autoridades políticas y legislativas de Chile a avanzar decididamente en la implementación de estándares reales de protección para la prensa. No basta con celebrar este avance judicial en los tribunales; el Estado chileno debe asumir la responsabilidad de generar un marco normativo que garantice que las herramientas de inteligencia y seguridad pública nunca más sean desviadas como armas de coerción profesional o sindical.