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Martes, 24 de febrero del 2026 - 12:27 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
La Comisión de Seguridad Integral recibió las observaciones de delegados del Ministerio de Defensa y del Colectivo de Militares en Servicio Pasivo Afectados por la Desvinculación Laboral, en el tratamiento del informe para primer debate del proyecto de Ley Interpretativa a la Disposición General Undécima de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, orientado a acoger a los militares retirados en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.
Durante la sesión, el suboficial en servicio pasivo Julio Mendieta explicó que la iniciativa busca aclarar y corregir la exclusión del personal de tropa que se retiró entre 2019 y 2022 sin acceder al beneficio económico por desvinculación laboral, pese a que ya estaba reconocido en la normativa vigente. Precisó que la propuesta identifica expresamente a los suboficiales primeros y mayores como beneficiarios; incorpora a los derechohabientes en caso de fallecimiento; y establece plazos para la depuración de listados y la asignación de recursos, con el fin de reparar una vulneración de derechos derivada de una omisión legal.
Por su parte, el suboficial en servicio pasivo Octavio Mendía sostuvo que los suboficiales de tropa retirados, ya sea por falta de vacantes orgánicas o por haber alcanzado el grado máximo, fueron los únicos excluidos del beneficio. Recordó su trayectoria de más de 35 años de servicio al país y su participación en el conflicto del Cenepa. Subrayó que la propuesta no crea un nuevo derecho, sino que interpreta una norma vigente, y exhortó a emitir un informe favorable para su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El capitán de fragata Luis Andrade, asesor jurídico del Comando Conjunto, explicó que la iniciativa pretende subsanar un vacío normativo generado entre 2016 y 2023 que impidió a parte del personal militar acceder a la compensación por desvinculación, a pesar de haber cumplido su carrera. Señaló que no se trata de un acto discriminatorio, sino de una situación derivada de cambios legales, y recalcó la necesidad de garantizar justicia y seguridad jurídica. Además, indicó que el beneficio aún no se ha materializado por falta de asignación presupuestaria del Ministerio de Finanzas, por lo que consideró indispensable contar con un marco legal claro y financieramente viable.
MEV