03/04/2026 | Press release | Distributed by Public on 03/04/2026 15:19
Miércoles, 04 de marzo del 2026 - 15:23 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
La Comisión de Niñez y Adolescencia, en el marco del proceso de socialización y tratamiento del Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niños, Niñas y Adolescentes, recibió a José Guerra, representante de UNICEF en Ecuador, y a Annabell Guerrero, directora del Centro Justicia y Género.
Guerra subrayó que la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital es un desafío complejo y multifactorial, que exige reconocer los riesgos reales de explotación, acoso y exposición a contenidos inadecuados, así como el impacto de los algoritmos de las plataformas. Observó que la sola prohibición por edad no resuelve el problema y puede generar efectos adversos, como la migración a espacios menos regulados, por lo que llamó a construir respuestas integrales que combinen regulación estatal, corresponsabilidad empresarial, acompañamiento a las familias y alfabetización digital.
En este marco, destacó la urgencia de avanzar en políticas públicas que garanticen un entorno digital seguro sin excluir a los niños y adolescentes de una realidad inevitable, protegiendo sus derechos al acceso a la información, a la privacidad y a una vida libre de violencia.
De su lado, Annabell Guerrero sostuvo que la crisis extrema de seguridad que vive Ecuador impacta de forma directa y desproporcionada a este grupo etario, evidenciando que, en 2025, el 91 % de las muertes violentas de adolescentes ocurrió entre los 13 y 17 años, y que esta violencia también se traslada al ámbito digital mediante reclutamiento forzado, trata, grooming, sexting, ciberacoso y la acción del crimen organizado en plataformas y videojuegos.
Alertó que una prohibición general de acceso hasta los 15 años puede fomentar la clandestinidad digital y la migración a espacios menos regulados, e insistió en que la normativa debe ajustarse a la Convención sobre los Derechos del Niño, respetando el interés superior, la autonomía progresiva y la libertad de expresión, orientándose hacia una regulación estructural que obligue a las empresas a garantizar contenidos seguros.
Para concluir, enfatizó la necesidad de incorporar un enfoque de género al advertir que el 80 % de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, institucionalizar la alfabetización digital desde el sistema educativo y establecer sanciones claras y aplicables para las plataformas que incumplan sus deberes de protección.
MEV