03/27/2026 | News release | Distributed by Public on 03/27/2026 05:44
USO asistió a la presentación del informe "La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas", elaborado por el Consejo Económico Social de España. Este informe aborda de manera general la situación migratoria actual, tanto en el continente como en España. Europa cada día tiene tasas de natalidad más bajas y una población en envejecimiento constante. Es por ello que las migraciones resultan claves para mantener la pirámide demográfica, la viabilidad del sistema económico, la sostenibilidad de las pensiones y del mercado laboral.
En este evento de presentación del informe, se contó con la exposición de diferentes personas especialistas que, desde su ámbito de incidencia, ofrecieron una perspectiva amplia que enriquece el panorama y las perspectivas respecto de la migración en España.
Antón Costas, presidente del CES, inauguró el evento junto con Juan Vives, consejero del CES y presidente de la Comisión de Trabajo encargada de elaborar el informe. En este acto, destacaron la necesidad de contar con un informe sólido, que ofrezca datos generales respecto de las migraciones en la región y en España, permitiendo conocer cuáles son las políticas migratorias europeas y nacionales, así como los efectos que han producido, poniendo el foco del análisis en los desafíos y áreas de oportunidad detectadas en la regulación e inserción de personas migrantes y sus familias en España.
Posteriormente, se realizó la mesa redonda "España ante el desafío migratorio" en la que participaron Joaquín Arango, académico de la Universidad complutense de Madrid; María Jesús Herrera, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en España; y Javier Sánchez, director del Área de Migraciones de Cruz Roja Internacional.
Esta mesa abordó la necesidad de una real protección de derechos humanos de las personas migrantes y la atención integral a sus necesidades, así como los desafíos generalizados en España para garantizar la plena inclusión, social, laboral y cultural de las personas migrantes. Además, destacaron la relevancia de las personas migrantes en el contexto español; las mismas constituyen actualmente una quinta parte de la población residente en España, lo cual la sitúa entre los cuatro países con mayor índice de inmigración en el mundo.
La segunda mesa redonda estuvo dedicada a la "Perspectiva de los agentes sociales: políticas públicas y realidad migratoria", en la que participaron Sofía Castillo, sindicalista; Jorge Martín, representante de la CEOE; y Juan Antonio Segura, representante de la sociedad civil. En esta mesa, se reflejaron las barreras que se han identificado desde el tercer sector para la acogida e inserción sociolaboral de personas migrantes y se expusieron de forma general las dificultades añadidas que enfrentan en el desarrollo de un proyecto de vida, así como las carencias institucionales y retos sociales que constituyen barreras para los derechos de las personas migrantes.
La xenofobia y los discursos de odio que forman parte de la vida cotidiana de las personas migrantes, así como la estigmatización y situación de vulnerabilidad en la que se les sitúa en España por su origen o ascendencia extranjera, también figuraron entre los temas de debate.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, clausuró el evento. Saiz destacó la relevancia de este informe para poder formular políticas públicas inclusivas que atiendan a la realidad del contexto español. De igual forma, destacó el gran esfuerzo que se está realizando para la regularización extraordinaria de personas migrantes, que se llevará a cabo de abril a junio de este año. La medida tiene como eje principal la regularidad, la dignidad y los derechos de la población migrante.
La ministra destacó la importancia de evaluar las políticas migratorias con base en evidencias y no difundir bulos que solo fomentan el racismo y la xenofobia. Señaló además que todo el mundo debe reconocer que, sin la población migrante, España sería un país menos próspero.
Desde USO, consideramos esencial este tipo de informes. El texto presenta de forma clara un panorama general de las migraciones; sin embargo, lo realmente necesario es que estas necesidades detectadas en el informe se traduzcan en cambios estructurales e institucionales, que den certeza y seguridad jurídica a las personas migrantes.
Hablar de migración es hablar de derechos. Por ello, no podemos tolerar discursos de odio ni intentos de retroceso o menoscabo de los derechos de las personas migrantes. Ante el escenario internacional en contra de las migraciones, es fundamental que España blinde y garantice políticas migratorias acordes a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, consideramos importante y esencial contar con un pacto de estado para la inmigración.
"Abordar las migraciones pensando en la necesidad de mano de obra o de personas cuidadoras es una ruta equivocada. Tenemos que pensar en las migraciones desde un enfoque inclusivo y de derechos. Sí, hay personas que vienen a trabajar y a buscar oportunidades de desarrollo, pero eso no nos autoriza para vulnerar sus derechos y aprovechar sus condiciones de vulnerabilidad para perpetrar abusos. Necesitamos políticas migratorias que pongan en el centro la dignidad y derechos de las personas migrantes" reflexiona Sara García, Secretaria de Acción Sindical y Empleo.
Entre los principales hallazgos del Informe 01|2025, "La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas", figura cómo afecta el contexto internacional actual a este ámbito.
Así, las guerras y conflictos, el cambio climático y las peores condiciones de vida en la mayoría de los países de origen de las migraciones nos ayudan a comprender el fenómeno migratorio.
Además, el propio desarrollo y la reducción de la pobreza, así como los cambios en las direcciones de los países de origen y destino explican el aumento de los movimientos migratorios. A la fecha, la demanda de trabajo sigue siendo el factor más decisivo de las migraciones internacionales.
Los principales países de origen de la población migrante en España en 2024, según el informe, fueron: Marruecos, Colombia, Rumanía, Venezuela y Ecuador.
En España, la población migrante es fundamental en la pirámide demográfica, al menos una quinta parte del total de población residente en el país es de origen extranjero. Nuestro país tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, 1,12 hijos por mujer en 2023, por lo que la población extranjera es fundamental para mantener la natalidad en el país.
El envejecimiento de la población en España y en toda Europa da como resultado una creciente necesidad de personal del sector de cuidados. Durante la próxima década se prevé que los países de la OCDE tengan un déficit de 2,5 millones de personal de enfermería y 400.000 médicos y médicas.
Los flujos migratorios son esenciales para la continuidad y sostenibilidad del empleo y del crecimiento económico a largo plazo, lo cual se traduce en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, ya que es necesario contar con ingresos por cotizaciones sociales y una mejora de la ratio entre cotizantes y pensionistas, lo cual es fundamental en España que tienen una esperanza de vida muy alta. 83,8 años de esperanza de vida media. En el caso de hombres la esperanza de vida se sitúa en 81,1 años y en las mujeres alcanza los 86,3 años.
España enfrenta un envejecimiento de la población bastante considerable, el índice se sitúa en 142 por 100, es decir, actualmente hay 142 personas mayores de 64 años, por cada 100 menores de 16 años.
La regularidad administrativa es un eje central de la integración social. La irregularidad administrativa se identifica generalmente con la vulnerabilidad social y el riesgo de exclusión. En este sentido, es fundamental reforzar el sistema de protección de personas migrantes menores de edad, así como recursos de acompañamiento, emancipación e inserción laboral.
"Un esfuerzo significativo para garantizar los derechos de la población migrante en España es la regularización administrativa extraordinaria que comenzará en abril. Se trata de reconocer derechos a población migrante que ya está integrada en nuestro país, trabaja, realiza un proyecto de vida, pero sin un reconocimiento legal, por lo que esta regularización es un asunto de justicia social" valora Sara García.
El informe evidencia distintas áreas de fortalecimiento normativo e institucional para garantizar los derechos de las personas migrantes en España y cumplir con los compromisos establecidos en instrumentos internacionales. Garantizar la participación de la población migrante en el estado de bienestar es esencial para garantizar sus derechos plenamente, por lo que se deben llevar a cabo las reformas necesarias en materia de educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, entre otros sectores clave, para garantizar la inclusión plena de las personas migrantes y eliminar cualquier tipo de discriminación y de precarización por cuestión de origen que actualmente se encuentre operando en el sistema nacional.
Además, es necesario garantizar una inclusión social plena. A la fecha, la segregación es una constante en las condiciones de vida de la población migrante. El origen de las personas sigue materializando desigualdades, lo cual debe ser objeto de atención a través de políticas públicas que atiendan a este fenómeno que se presenta no solo en la población de origen extranjero, sino también en sus descendientes, cuyo origen ya es español.
La migración en España, al contrario que en el resto del mundo, es mayoritariamente femenina. Se caracteriza por ser en mayor porcentaje de origen latinoamericano, debido a que España y Latinoamérica comparten lengua y rasgos culturales más próximos que el resto de países europeos.
El 52 % de la migración latinoamericana son mujeres, quienes se incorporan en el mercado laboral español en sectores tradicionalmente feminizados, como el sector sanitario, la atención a la dependencia y el trabajo del hogar, así como a la hostelería y el comercio. Las mujeres migrantes se concentran en un menor número de ocupaciones, lo cual conlleva una doble penalización salarial, tanto por ser mujeres como por ser migrantes.
Las mujeres migrantes sufren mayores condiciones de vulnerabilidad, agravadas por su género. Los hogares monomarentales de origen extranjero son además los que atraviesan mayores condiciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.
La edad media de las personas que llegaron a España en 2019 fue de 32 años. El nivel medio de estudios de las personas migrantes en España es más alto que en el resto de Europa: el 43 % de las personas migrantes que entraron a España cuenta con estudios terciarios. La tasa de participación en el mercado laboral de personas extranjeras que residen en el país es del 78 %.
Se estima que, en los próximos años, España seguirá registrando necesidades de empleo, llegando a una cifra estimada de 2,4 millones en 2035. De ellos, una proporción importante deberá ser cubierto por población extranjera.
El empleo informal y la vulnerabilidad laboral acompañan a las personas migrantes en situación de irregularidad administrativa. El empleo mayoritario de las personas migrantes es aquel en el que se solicitan menos requisitos, cualificación o especialización.
Casi un tercio de la población trabajadora migrante en España está sobrecualificada: las barreras administrativas para la homologación y equivalencia de titulaciones y al reconocimiento de cualificaciones, competencias y experiencia obstaculizan la carrera profesional de las personas migrantes y determinan sus opciones de vida.
Además, el informe identifica que las personas trabajadoras migrantes tienen una menor participación en la formación para el empleo.
El empleo migrante tiene mayor peso en el servicio doméstico, servicios de restauración, alojamiento, construcción o servicios asociados al sector primario. Además, se concentran en ocupaciones y sectores con salarios más bajos, lo cual refleja peores condiciones en general que las personas autóctonas. La parcialidad involuntaria y la temporalidad acompañan a muchas personas trabajadoras migrantes. De hecho, la incidencia de estas características de empleo es más alta que en el empleo de personas autóctonas.
Las políticas migratorias son esenciales para aprovechar todo el potencial transformador de las migraciones, además de garantizar una integración plena de la población migrante en el ámbito laboral. El reconocimiento de cualificaciones, la educación, formación y políticas activas de empleo son esenciales para atender integralmente el fenómeno migratorio.
Las perspectivas de futuro del empleo también enfrentan grandes desafíos: la robotización, el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y la potencial destrucción de empleo pueden traer un cambio o reestructuración en los movimientos migratorios.
Por ello, las políticas de empleo deben contemplar los diversos escenarios que plantea el futuro del mercado laboral español, con la finalidad de garantizar los derechos de las personas trabajadoras y la sostenibilidad del estado de bienestar.
Combatir la estigmatización de la población migrante, los discursos y delitos de odio que se generan en torno a ellas y ellos es fundamental. Transformar las prácticas xenófobas e impulsar una narrativa ética, empática, objetiva y razonable que reconozca y aprecie el valor de la migración es crucial para garantizar una inclusión plena y evitar la segregación de la población migrante, lo cual deberá ir de la mano con el impulso de las políticas de convivencia e integración social.
Desde USO, valoramos en gran medida que se realicen estudios e informes de esta naturaleza. En nuestra opinión, es fundamental conocer datos e incorporar una visión completa de la migración en España. Ahora es momento de generar políticas públicas integrales, con enfoque interseccional, de género, derechos humanos y que protejan el interés superior de la infancia; que permitan dar una respuesta adecuada a las necesidades de la población migrante, no solo en su regularización administrativa, sino que permitan su plena inclusión.
Retirar las barreras que a la fecha obstaculizan la plena integración de la población migrante debe ser una prioridad: garantizar derechos plenos en igualdad de condiciones que la población autóctona debe ser la guía.
Es momento de dejar de ver a la población migrante con un enfoque utilitarista, porque esto ha permitido la explotación. Debemos garantizar una visión humanista y de derechos, en la línea de los valores de la USO. Las personas migrantes no son invasoras ni enemigas, son un componente más de nuestra sociedad. Combatir a la xenofobia, la discriminación, los discursos y delitos de odio deben ser una prioridad, eliminar el estigma de la población migrante o de ascendencia migrante que a día de hoy condiciona el acceso a derechos debe ser erradicado.