Misión OEA en Guatemala condena intervención de Ministerio Público en votación del Colegio Abogados y Notarios en elección a Corte Constitucionalidad

Comunicado de Prensa

Misión OEA en Guatemala condena intervención de Ministerio Público en votación del Colegio Abogados y Notarios en elección a Corte Constitucionalidad

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresa su más enérgica condena y profunda alarma institucional ante la ejecución de diligencias del Ministerio Público en sedes donde se desarrolla la jornada electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en el marco de la elección de magistratura titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad.

La realización de medidas de carácter coercitivo -incluyendo allanamientos, inspecciones o aseguramientos documentales- en centros de votación mientras el proceso electoral se encuentra en curso constituye una actuación de altísimo riesgo constitucional, por interferir materialmente con el ejercicio libre del sufragio; generar un efecto intimidatorio sobre electores y autoridades electorales gremiales; arriesgar la cadena de custodia del material electoral; y afectar la continuidad, validez y legitimidad del escrutinio y de los resultados.

La Misión recuerda que los procesos de elección de segundo grado que inciden en la integración de la Corte de Constitucionalidad son parte del núcleo estructural del orden democrático y del sistema de pesos y contrapesos. En ese contexto, toda actuación estatal que impacte su desarrollo debe someterse a un escrutinio reforzado de constitucionalidad y convencionalidad.

Si bien el Estado tiene la obligación de investigar posibles ilícitos, el ejercicio de la persecución penal no puede desplegarse con una temporalidad o modalidad que produzca efectos inmediatos sobre una elección en curso. Cuando una intervención fiscal coincide con la fase decisiva de un proceso electivo, surge un riesgo evidente de desviación de finalidad, en tanto el instrumento penal puede convertirse en un mecanismo de incidencia sobre el resultado.

Particular preocupación reviste el hecho de que estas diligencias cuenten con autorización judicial. La habilitación jurisdiccional de medidas intrusivas en contexto electoral exige una motivación estricta, reforzada y proporcional, especialmente cuando su ejecución puede traducirse en una interferencia indebida en la autonomía de un proceso electivo gremial con efectos constitucionales directos.

La Misión advierte que la utilización estratégica de herramientas penales o jurisdiccionales en momentos críticos de designaciones constitucionales configura un patrón de instrumentalización institucional que erosiona la confianza pública, compromete la independencia judicial y debilita el Estado de Derecho.

En consecuencia, la Misión:

1. Exige que se garantice de manera inmediata la continuidad irrestricta de la jornada electoral, sin interferencias físicas, documentales o administrativas que alteren su desarrollo.

2. Insta al Ministerio Público a canalizar cualquier investigación por vías posteriores y no disruptivas, evitando medidas que comprometan el sufragio o el escrutinio.

3. Exhorta a las autoridades judiciales competentes a ejercer un control estricto de legalidad, necesidad y proporcionalidad, asegurando que ninguna orden judicial sea utilizada con efectos que incidan materialmente en el resultado electoral.

4. Recuerda que la integridad de los procesos de elección de segundo grado es un componente esencial de la gobernanza democrática y que su afectación genera consecuencias estructurales sobre la legitimidad institucional.

Guatemala atraviesa un ciclo simultáneo de designaciones constitucionales de la mayor trascendencia. La estabilidad de las reglas y la neutralidad de las autoridades encargadas de la persecución penal son condiciones indispensables para preservar la independencia de los órganos constitucionales y la confianza en el sistema democrático.

Referencia: C-021/26