Ministry of Energy and Non-Renewable Natural Resources of the Republic of Ecuador

12/31/2025 | Press release | Distributed by Public on 12/31/2025 09:22

386 operativos en 2025 dejan más de USD 1,1 millones en afectación a la minería ilegal y golpean a economías criminales

Boletín de Prensa Nro. 157

31 de diciembre de 2025

Durante 2025, el Gobierno Nacional intensificó la lucha contra la extracción ilícita de minerales mediante una acción coordinada y sostenida que ha permitido ejecutar 386 operativos de control a escala nacional, generando una afectación económica superior a USD 1'162.154 a las estructuras delictivas vinculadas a esta actividad ilegal.

Estas acciones, lideradas de manera conjunta por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el Ministerio de Ambiente y Energía, forman parte de una política prioritaria del Estado para combatir la minería ilegal, una actividad que financia a grupos irregulares, deteriora los ecosistemas, pone en riesgo a las comunidades y atenta contra la seguridad nacional.

Los operativos se intensificaron en las últimas semanas del año, entre el 22 y el 28 de diciembre, se ejecutaron 11 operativos estratégicos en sectores de alta peligrosidad y presencia de minería ilegal, ubicados en las provincias de:

  • Zamora Chinchipe
  • Loja
  • Chimborazo
  • Azuay
  • El Oro
  • Napo

Estas intervenciones permitieron desarticular campamentos ilegales y debilitar la logística utilizada para la extracción ilícita de minerales.

Como resultado del trabajo articulado entre las entidades de control y seguridad del Estado, se logró:

  • 6 máquinas destruidas
  • 3 máquinas inhabilitadas
  • 20 bocaminas destruidas
  • 19 zarandas clasificadoras inhabilitadas
  • 9 bombas de agua destruidas
  • 4 generadores eléctricos destruidos
  • 4.830 galones de diésel decomisados e inhabilitados

El Gobierno Nacional ratifica que la lucha contra la minería ilegal es una prioridad, no solo por su impacto ambiental, sino porque esta actividad alimenta redes delictivas y grupos irregulares, vulnera los derechos de las comunidades y compromete el desarrollo sostenible del país.

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