Sector justicia impulsa avances en salud mental y derechos humanos con apoyo de la OPS/OMS

Guatemala, noviembre 2025.-Se llevó a cabo el Encuentro "Salud Mental y Derechos Humanos: El rol esencial del sector Justicia", con el objetivo de integrar de manera activa al sector justicia en la agenda nacional de salud mental y avanzar en la adopción de estándares internacionales de derechos humanos. La actividad marcó un paso significativo para el país al contar con la participación de las máximas autoridades del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluyendo al magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente en funciones de la CSJ, y al magistrado Luis Mauricio Corado Campos, vocal X de la CSJ e integrante de la Cámara Penal. Su presencia permitió abrir un espacio de análisis técnico con capacidad real de traducirse en ajustes normativos y operativos en beneficio de la población.

El encuentro permitió revisar la situación actual del Hospital Nacional de Salud Mental "Federico Mora", analizar los desafíos frentes a las personas privadas de libertad con necesidades de atención especializada. Asimismo, se abordaron determinantes estructurales que influyen en la salud mental y se analizaron las implicaciones legales de los procedimientos vigentes en materia penal, internamientos y supervisión judicial.

Durante la jornada, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) presentó herramientas técnicas para orientar estos procesos. La iniciativa QualityRights fue expuesta como un marco para transformar servicios, eliminar prácticas coercitivas y promover la autonomía de las personas usuarias. También se presentó el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030, que establece lineamientos para fortalecer la gobernanza, ampliar servicios comunitarios y modernizar marcos legales. Los expertos regionales Carmen Martínez Viciana, Asesora Regional en Salud Mental, y Olger González, Asesor Regional en Derechos Humanos, compartieron experiencias de la región sobre reformas jurídicas, modelos comunitarios y mecanismos de supervisión basados en la dignidad y la inclusión.

En su intervención, la Dra. Ingrid García Velásquez, Asesora de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS/OMS en Guatemala, destacó que la participación de las máximas autoridades del Organismo Judicial constituye un avance sustantivo para consolidar la articulación entre justicia, salud y protección de derechos humanos. Señaló que Guatemala se encuentra en un momento clave para revisar procedimientos que aún permiten prácticas restrictivas, fortalecer el marco jurídico penal vinculado a salud mental y promover servicios no coercitivos, accesibles y alineados con los estándares internacionales.

El evento contó también con la presencia de Mayra Alejandra Carrillo, Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia; Dra. Ligia Figueroa, directora de Gestión Hospitalaria del Viceministerio de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; y Licda. Flor de María Salazar, subdirectora ejecutiva de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, quienes resaltaron la importancia de la coordinación interinstitucional para fortalecer la protección de derechos en salud mental.

El encuentro concluyó con la identificación de áreas prioritarias de adecuación normativa y con propuestas iniciales para fortalecer la coordinación entre justicia, salud y las instituciones responsables de la protección de derechos humanos. Estos insumos serán integrados en los procesos nacionales de reforma y en las acciones de seguimiento que la OPS/OMS continuará acompañando junto a las instituciones del Estado, para avanzar en la desinstitucionalización, robustecer los servicios comunitarios y garantizar los derechos de las personas atendidas en el sistema de salud mental.

Participaron autoridades y operadores del Organismo Judicial, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces de los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula, Jutiapa y Escuintla, así como representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Procuraduría General de la Nación, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos y organizaciones vinculadas a la atención y defensa de personas con necesidades de apoyo en salud mental.