El Gobierno destina 7.000 millones a paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas urgentes para paliar la situación de los afectados por las graves lluvias y las inundaciones que han afectado en las últimas semanas a varios municipios de Andalucía y de Extremadura. Las medidas se adoptan tras la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil aprobada la semana pasada.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que se movilizarán medidas y ayudas por valor de 7.000 millones de euros para cubrir los daños generados en los municipios y compensar a más de 12.400 personas desalojadas, así como para mitigar el impacto que han sufrido viviendas y comercios y los sectores agrícola y pesquero por las fuertes lluvias y las crecidas de los ríos. "El objetivo no es solamente paliar los daños, sino impulsar la reconstrucción los lugares, de las infraestructuras que han quedado afectadas", ha remarcado.

Ayudas para las familias

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, María Jesús Montero ha explicado que se cuadriplican las indemnizaciones que establece la ley para las personas afectadas por daños personales, materiales en viviendas y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles o de servicio.

La norma incluye una nueva ayuda específica de 150 euros por persona y día para las personas desalojadas. Como ejemplo, la vicepresidenta ha señalado que una familia de cuatro miembros que haya permanecido 10 días fuera de su hogar recibirá una ayuda directa de 6.000 euros, que será compatible con otras, como por daños en vivienda. Asimismo, Montero ha recalcado que todas las ayudas estarán exentas de tributación en el IRPF, al igual que del Impuesto sobre Sociedades para las empresas.

Ayudas para los ayuntamientos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.| Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

María Jesús Montero ha informado de que dentro de un mes se publicará una relación de municipios afectados, que incluirá a los que hayan tenido personas desalojadas y a los que se incorporen tras un primer peritaje y valoración de daños.

El Estado movilizará un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para que afronten la reparación de las infraestructuras municipales afectadas por las lluvias y las inundaciones. "Se trata de transferencias, no de préstamos, y, por tanto, de dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver, aunque sí justificar", ha aclarado la vicepresidenta.

Como novedad, los ayuntamientos que lo soliciten podrán solicitar el anticipo del 100% del valor de las ayudas. Se flexibilizará la regla de gasto de los ayuntamientos y comunidades autónomas afectadas para que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen en el límite establecido y se les permitirá usar el superávit del año 2025 en inversiones vinculadas a resarcir los años provocados por las borrascas. Igualmente, Montero ha avanzado que se impulsará un plan de empleo, dotado con 50 millones de euros, para que los ayuntamientos puedan reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.

Medidas fiscales y de Seguridad Social

El texto aprobado hoy incluye medidas como exenciones en el IRPF, en el Impuesto de sociedades, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las zonas afectadas. En el caso de que ya se hayan abonado, los contribuyentes podrán solicitar la devolución. También se incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para las explotaciones y actividades agrarias de las zonas afectadas. María Jesús Montero ha señalado que el conjunto de exenciones fiscales supondrá un ahora para los contribuyentes de unos 350 millones de euros

En cuanto a los trabajadores autónomos, se establece una prestación por cese de actividad que podrá extenderse hasta el 31 de mayo de 2026. Además, las empresas cuya actividad se haya visto perjudicada por las inundaciones y estén en ERTE podrán solicitar exenciones fiscales.

Medidas para agricultura, pesca y ganadería

La norma también contempla ayudas extraordinarias por más de 2.800 millones de euros para agricultores, ganaderos y pescadores.

Entre este global de ayudas, la vicepresidenta primera ha destacado que 2.100 millones se destinarán a los titulares de explotaciones que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas. Diez millones de euros se dirigirán a armadores de buques de pesca cuyo puerto base esté en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, que no hayan podido salir a la mar por el amarre de la flota. También se reduce de 35 a 5 el número de jornadas cotizadas para cobrar el subsidio por desempleo o la renta agraria para trabajadores eventuales agrarios que residan en municipios afectados.

Por otra parte, la reparación de caminos rurales o infraestructuras de riego está dotada con 600 millones de euros, ha trasladado Montero, y la reparación de estructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal con 163 millones.

Ayudas directas para hostelería y comercio minorista

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.| Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

Montero ha añadido que se ha aprobado una ayuda específica para la hostelería y el comercio de las zonas afectadas por un importe de 120 millones de euros y una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 100 millones para daños agrarios provocados por la borrasca.

Pacto por el Cambio Climático

En su exposición, la vicepresidenta primera ha instado a todos los partidos políticos a suscribir un pacto de Estado por el Cambio Climático para afrontar y responder a situaciones como las producidas tras las últimas borrascas.

Por otra parte, María Jesús Montero ha destacado la profesionalidad y el trabajo de los equipos de emergencia que desde todos los niveles de la administración han participado en la protección de los afectados. Y ha reiterado que el Gobierno movilizará todos los recursos necesarios para reconstruir los pueblos y las infraestructuras dañadas: "El Gobierno aprueba las ayudas hoy. Puede ser que en el futuro haya que incorporar daños nuevos que aparezcan en los peritajes y, por supuesto, seguiremos acompañando a los afectados cuando desaparezcan las cámaras".

Subida del SMI hasta los 1.221 euros mensuales sin tributación

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.| Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. El aumento supone 37 euros más al mes, es decir, 518 euros en términos anuales, hasta los 17.094 euros. La medida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que el incremento del SMI en los últimos 6 años alcanza el 66%, una política compatible con lograr niveles récord de ocupación en España. La titular de Trabajo ha remarcado igualmente el carácter feminista del aumento, como demuestra que la brecha retributiva entre los hombres y las mujeres en España se encuentra ya por debajo de la media de la Unión Europea. Yolanda Díaz ha recordado que el SMI repercute también especialmente entre los asalariados más jóvenes.

Por comunidades autónomas, el mayor impacto en términos relativos se produce en Canarias y en Extremadura, y en Andalucía y Madrid por número total de beneficiarios. La vicepresidenta ha resaltado también los beneficios de la medida en la agricultura, un sector donde algunos pronosticaban que iba a provocar "un descalabro absoluto".

Como ya adelantó ayer el presidente del Gobierno en la firma de la subida con los sindicatos, una novedad importante consiste en que el Gobierno vigilará que el incremento del SMI sea real y no se evite con "fraudes contables" como mecanismos de compensación y absorción de los complementos específicos de los trabajadores.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la aprobación del SMI se acompaña de una rebaja fiscal en forma de deducción de hasta 591 euros para las personas con salarios por debajo de los 20.000 euros. En la práctica, esto significa que las personas perceptoras del SMI seguirán estando exentas de tributar en el IRPF. Montero ha cifrado en 11.000 millones de euros el ahorro que han acumulado los contribuyentes de rentas bajas desde el año 2023 gracias a las sucesivas rebajas fiscales.

Fomento de la democracia en el trabajo

La vicepresidenta segunda ha presentado en el Consejo de Ministros el informe "Democracia en el trabajo", elaborado por una comisión de expertos internacionales. Yolanda Díaz ha señalado que se trata del primer informe que aborda el mandato del artículo 129.2 de la Constitución Española respecto a la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas. La ministra ha apuntado que 18 Estados de la UE cuentan con fórmulas de codecisión, por lo que España constituye "una auténtica excepcionalidad", aunque sí existe una forma de participación democrática, la relativa a la economía social y el cooperativismo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.| Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

"No queremos cooperativizar las empresas mercantiles, sino democratizarlas", ha dicho Yolanda Díaz, quien ha anunciado que, en quince días, la Mesa de Diálogo Social abordará por primera vez las reformas necesarias para avanzar en esa dirección. "Planteamos la democratización de las empresas como una solución, abordando nueve retos de época", ha añadido la vicepresidenta. Entre esos desafíos, ha citado el relevo generacional en las pymes, la inteligencia artificial, la emergencia climática y la deslocalización de las empresas.

La propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre la participación de los trabajadores en los órganos de decisión de las empresas sigue los parámetros europeos: un tercio de la representación en empresas de entre 50 y 1.000 trabajadores, y la mitad en compañías de más de 1.000 empleados. El informe también incorpora la figura de los fondos ciudadanos, "algo que se está debatiendo en Europa, que podamos salvar empresas a través de la gente trabajadora, de los vecinos afectados o de los lugares que corran riesgos de deslocalización de empresas", según ha detallado Yolanda Díaz.

Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública

El Consejo de Ministros ha abordado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma que forma parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupciónaprobado por el Gobierno. El texto analizado hoy contiene 84 medidas destinadas a combatir la corrupción política y económica en el ámbito público.

De entre estas iniciativas, María Jesús Montero ha resaltado la creación de un registro de empresas con prohibiciones para contratar con la Administración que será público y accesible. Además, las empresas condenadas por prácticas corruptas estarán inhabilitadas para contratar con la Administración de 15 a 20 años y no podrán recibir subvenciones ni beneficios fiscales.

Otra novedad apuntada por la vicepresidenta es que se endurece el control y la transparencia en las donaciones de partidos políticos y fundaciones. Estarán obligados a publicar las donaciones que superen los 2.500 euros rente a los 25.000 actuales.

Igualmente, la futura ley recoge la creación de la denominada Agencia Independiente de Integridad Pública, que será el organismo responsable de coordinar a España en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude.

En el ámbito penal, Montero ha anticipado que el plazo de prescripción de los delitos de corrupción pasará de 5 a 7 años. Además, con el objetivo de recuperar el dinero malversado, se refuerza el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, así como la capacidad del Estado para embargar bienes desde el inicio de la investigación .

Investigación de delitos de violencia sexual en redes sociales

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha informado sobre el acuerdo para solicitar a la Fiscalía General del Estado que investigue posibles delitos de pornografía infantil y trato degradante contra menores en redes sociales. "No podemos permitir que a través del algoritmo se pueda amplificar o amparar todo esto; está en juego la seguridad de nuestros hijos, la protección de su imagen", ha defendido.

La decisión adoptada por el Consejo de Ministros es la primera medida del paquete anunciado por el presidente del Gobierno en Dubái y se apoya en un informe técnico elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Ministerio de Juventud e Infancia. Tal y como ha explicado la portavoz, a partir de ahora el Ministerio de la Presidencia solicitará a la Fiscalía investigar y, en su caso, perseguir estos posibles delitos de violencia sexual digital en las principales plataformas.

La ministra, que ha calificado este problema como "de enorme relevancia" y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo para hacerle frente, ha ejemplificado su alcance con un dato: "En 11 días ha habido tres millones de fotos de desnudos generados por inteligencia artificial y muchas de ellas de menores".

Limitación de precios al sector hotelero en zonas afectadas por la borrasca Leonardo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.| Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

Elma Saiz ha confirmado que el Ejecutivo ha autorizado aplicar las limitaciones de precios para servicios esenciales en situaciones de emergencia, aprobadas en el último Consejo de Ministros, al sector hotelero y de hospedaje.

La ministra ha detallado que los precios en este ámbito no podrán superar la media registrada en los 30 días anteriores a la borrasca Leonardo en los municipios con población desalojada y realojada por esta circunstancia, tanto en Andalucía como en Extremadura. En este contexto, la portavoz del Gobierno lamentado un nuevo fallecimiento a causa del temporal, que abarca un total de 9 borrascas desde comienzos de año, en apenas mes y medio.

También ha enviado otro mensaje de condolencias por los cinco jóvenes fallecidos en el incendio registrado en la localidad barcelonesa de Manlleu. "No hay palabras suficientes de consuelo en estos duros momentos para familiares y amigos, a los que les mando, en nombre del Gobierno, toda la fuerza para afrontarlo", ha lamentado.

Otros acuerdos

En el ámbito laboral, el Gobierno ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día para la Igualdad Salarial, que se celebra cada 22 de febrero. En esta declaración el Gobierno de España reitera como compromiso "irrenunciable" cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que complementará la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social. Tal y como ha explicado Saiz, este texto persigue garantizar el acceso universal asequible y sostenible a la energía como un derecho básico, además de como condición necesaria para una vida digna.

En el área de Cultura, el Ejecutivo ha autorizado la firma del tratado de coproducción audiovisual con Canadá, el socio número uno de España fuera del ámbito europeo e iberoamericano. Fruto de esta colaboración, ha explicado Saiz, han surgido obras de relevancia internacional como el thriller psicológico "Enemy", de Denis Villeneuve, distribuido en más de 30 países, o "Mamá", la película de terror dirigida por Andrés Muschietti, que logró recaudar más de 146 millones de dólares en todo el mundo.

Asuntos de actualidad

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.| Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

La portavoz del Gobierno ha comenzado su intervención destacando la relevancia del fondo 'España Crece', presentado esta semana por el presidente del Gobierno como "palanca clave" para dar continuidad a los fondos movilizados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Saiz ha recordado que el nuevo fondo movilizará 120.000 millones de euros en inversión público-privada, con 23.000 millones para la construcción de 15.000 viviendas al año, "el mayor volumen de financiación de nuestra historia para combatir esta crisis".

Finalmente, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha destacado la estadística publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) sobre las autorizaciones por estancia para realizar estudios en España. De acuerdo con los datos del OPI, estas autorizaciones han aumentado un 93% en 10 años, una cifra que "reafirma a España como destino educativo internacional y polo de atracción de talento".