COP4 de Escazú avanza hacia la acción: América Latina fortalece la protección de defensores y la justicia ambiental

• Se impulsó el mecanismo de respuesta rápida para proteger a personas defensoras ambientales y el fortalecimiento de los órganos de cumplimiento, incorporando la participación de la sociedad civil y la perspectiva de género para una aplicación efectiva en la región
• La delegación mexicana presentó los avances de la ruta nacional de implementación del Acuerdo, respaldó el fortalecimiento del Comité de Cumplimiento y reiteró su compromiso con la protección de personas defensoras ambientales

La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú concluyó con avances decisivos para la implementación efectiva del tratado en América Latina y el Caribe, incluyendo el impulso a un mecanismo de respuesta rápida para la protección de personas defensoras del medio ambiente y el fortalecimiento de la justicia ambiental en la región.

Con la aprobación de 10 decisiones clave, la COP4 marca el tránsito de los compromisos a la acción, consolidando al Acuerdo de Escazú como el principal instrumento regional para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

En este marco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) subrayó la importancia de fortalecer la cooperación regional y el multilateralismo como base para enfrentar la crisis climática y ambiental, destacando al Acuerdo de Escazú como una herramienta clave para garantizar la transparencia, la participación pública y la justicia ambiental en la región.

México participó en las discusiones y respaldó el fortalecimiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, reconociéndolo como un órgano fundamental para avanzar de los compromisos legales hacia una implementación efectiva en el territorio.

La delegación mexicana, integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue encabezada por la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, y contó con la participación de la titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat, Camila Zepeda Lizama, así como de Efraín Dávila González, en representación de la SRE, reflejando el carácter interinstitucional y de política de Estado en la implementación del Acuerdo.

Asimismo, la delegación incorporó a representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo actores clave en la promoción de la gobernanza ambiental, el acceso a la justicia y la protección de personas defensoras, lo que fortaleció el carácter participativo, inclusivo y multiactor que distingue al Acuerdo de Escazú.

Durante los trabajos, México destacó los avances en el desarrollo del mecanismo de respuesta rápida, subrayando la urgencia de contar con herramientas eficaces para proteger a quienes defienden el medio ambiente.

De igual forma, presentó los avances de su ruta nacional de implementación, una estrategia interinstitucional y participativa que articula acciones a corto, mediano y largo plazo para garantizar los derechos de acceso y fortalecer la justicia ambiental como política de Estado, y que será sometida a un proceso de consulta pública para asegurar su implementación a nivel territorial.

La Conferencia también registró avances en temas clave como el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ámbitos en los que México expresó su interés de participar activamente en los grupos de trabajo que darán seguimiento a su implementación.

Con ello, México refuerza su liderazgo como uno de los países con avances sustantivos en la implementación del RETC, así como su compromiso con la reparación del daño como pilar de la justicia ambiental. De igual forma, México incidió constructivamente para la inclusión explícita de las organizaciones de la sociedad civil, redes regionales y foros internacionales como elementos fundamentales para una participación efectiva en la toma de decisiones y en la implementación del Acuerdo.

De manera complementaria, se fortaleció la incorporación de la perspectiva de género como un eje transversal para garantizar un acceso equitativo a la información, la participación pública y la justicia ambiental, contribuyendo a reducir las brechas de vulnerabilidad en la región.

En el plano institucional, se formalizó la nueva Mesa Directiva del Acuerdo, encabezada por San Cristóbal y Nieves en la Presidencia; con Colombia, Bahamas, Belice y Panamá como Vicepresidencias. Panamá, además, anunció su disposición para albergar la próxima Conferencia de las Partes (COP5) prevista para abril de 2028.

Los resultados de la COP4 confirman que la región avanza hacia una nueva etapa del Acuerdo de Escazú, centrada en la implementación efectiva, la protección de derechos y el fortalecimiento de la cooperación regional.

La democracia ambiental deja de ser una aspiración para convertirse en una condición indispensable para la justicia en América Latina y el Caribe.

El Gobierno de México reafirma su compromiso con la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú para fortalecer la protección de las personas defensoras ambientales.

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