Ministerios de Educación y del Interior informaron sobre denuncias de extorsión a maestros en la provincia del Guayas

Miércoles, 09 de julio del 2025 - 15:13 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Este miércoles, 9 de julio, los legisladores de la Comisión de Seguridad Integral escucharon a Andrés Quishpe y Gabriela Menéndez, autoridades de la Unión Nacional de Educadores (UNE), sobre su solicitud de declarar en emergencia al sistema educativo ecuatoriano, a causa de supuestas extorsiones a docentes por parte de bandas criminales.

Menéndez aseveró que existen 45 denuncias presentadas en Fiscalía General del Estado (FGE), desde enero de 2025, sobre extorsiones a maestros de la zona educativa número ocho, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón. "Sin embargo no se ha dado el cambio de institución, trámite que le compete al ministerio de Educación", dijo.

Por otro lado, Andrés Quishpe señaló que existen 119 casos de extorsión a nivel nacional reconocidos formalmente por la ministra de Educación, Alegría Crespo.

En respuesta, Gustavo Ayala, viceministro de Educación, solicitó "poner el problema en su real dimensión, pues de los 215 mil docentes en el Ecuador, son 108 los casos reportados por extorsión, luego de que Fiscalía desestimara varios de ellos, lo que supone un 0.05% de afectación al total de maestros". "En ninguna provincia del país se supera el 1% en este tipos de casos y el 85% de cantones no presenta ni uno solo", dijo.

Además, destacó que el 62% de los eventos peligros para la educación son externos a los centros educativos, "la violencia no está en la escuela", aseguró. Por esta razón manifestó estar en contra de la declaratoria de emergencia del sector educación, pues supone reducir las horas de clases presenciales, lo que a su vez reduce el aprovechamiento educativo y promueve mayor deserción.

Por parte del ministro del Interior, Paola Escobar, subsecretaria de prevención de delito, señaló que se han identificado y priorizado 365 instituciones en función de sus riesgos y eventos peligrosos, en favor de proteger a la comunidad educativa. "Se ha fortalecido la presencia policial hasta un kilómetro de distancia de los mismos y se han realizado aproximadamente 35 mil actividades de presencia policial en territorios e instituciones donde se ha detectado alta conflictividad", señaló.

Finalizadas las intervenciones, las y los legisladores elaboraron sus cuestionamientos al respecto y se profundizó en datos sobre casos de violencia extorsiva y presencia policial en las instituciones de educación a nivel nacional, así como sobre los planes, programas y proyectos que el ministerio de Educación ha implementado para reducir los riesgos psicosociales que dan lugar a eventos de riesgo al interior de escuelas y colegios.

La legisladora Inés Alarcón, presidenta de esta mesa legislativa, solicitó a los legisladores remitir de forma escrita todas sus peguntas, a fin de que las autoridades presentes las respondan con la amplitud y pertinencia que los sucesos conocidos merecen.

CV