07/11/2025 | News release | Distributed by Public on 07/11/2025 17:50
Los recientes bloqueos de carreteras en diversas regiones del Perú, especialmente en Arequipa, Ica y La Libertad, están generando serias afectaciones al sector agroexportador y a toda la cadena de suministro alimentaria. La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) alertó sobre las consecuencias económicas y sociales de estas paralizaciones, protagonizadas en gran parte por mineros informales.
"Tenemos que movilizar no solamente producción agrícola que va a la exportación, sino también producción que va al mercado local", explicó Gabriel Amaro, presidente ejecutivo de AGAP. Según el gremio, la interrupción del tránsito afecta el envío de frutas y hortalizas a puertos, mercados mayoristas y centros de distribución, tanto para exportación como para consumo interno.
Las restricciones también impactan el traslado de trabajadores, insumos agrícolas y productos perecibles. En muchos casos, la cadena de frío se ve comprometida. "Si el almacén se llena, se paraliza todo y se echa a perder la producción. Y toda la producción para el mercado local, que no tiene cadena de frío, se malogra en plena carretera", advirtió Amaro.
"Aunque aún no hay una cifra oficial consolidada, AGAP estima que las pérdidas ascienden a entre 20 y 30 millones de dólares solo en la última semana. Zonas como Ocoña y Nazca han reportado una creciente acumulación de camiones detenidos, lo que dificulta el abastecimiento y ha comenzado a reflejarse en el incremento de precios de productos perecibles en mercados locales", explicó.
AGAP recordó que el bloqueo de vías constituye un delito que atenta contra el derecho constitucional al libre tránsito y al trabajo. "Las vías no se pueden bloquear. Si alguien lo hace, está sujeto a denuncias penales y a pena de cárcel", afirmó Amaro, quien exhortó al Gobierno y a las autoridades judiciales a actuar de manera firme pero pacífica para restablecer el orden y evitar que estas acciones queden impunes.
Además del impacto inmediato, desde el gremio se advierte que la prolongación del conflicto podría comprometer la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas en el sector agroexportador.
"El Estado tiene que preservar la legalidad y perseguir la ilegalidad", concluyó Amaro, quien insistió en la necesidad de una respuesta efectiva de las instituciones frente a una situación que amenaza con agravarse si no se toman medidas urgentes.
Fuente: Fresh Fruit