Justicia conoce proyectos para reforzar la independencia judicial y sancionar la corrupción en la contratación pública

Jueves, 02 de julio del 2026 - 18:33 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves 2 de julio, avocó conocimiento de los proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP): uno para la protección de la independencia judicial frente al crimen organizado y otro para sancionar la colusión en la contratación pública, de iniciativa de los asambleístas Mariana Yumbay y Fernando Nantipia, respectivamente.

En el caso de Yumbay, señaló que su iniciativa busca garantizar la independencia de la Función Judicial frente a las acciones de intimidación y amenazas que se producen en el país, especialmente por parte de grupos de delincuencia organizada, con el propósito de retardar la administración de justicia u obtener impunidad.

Entre sus propuestas consta la reforma del artículo 270.1 del COIP para establecer con claridad dos nuevos tipos penales: el primero, relacionado con la obstrucción de la justicia, a fin de proteger el normal desarrollo de los procesos judiciales; y el segundo, relativo a la interferencia judicial, orientado a garantizar la independencia de los operadores de justicia para emitir las decisiones o fallos que correspondan conforme a derecho.

Según la legisladora, se trata de dos bienes jurídicos distintos que deben ser protegidos por la ley penal. El primero se refiere a las actuaciones de los sujetos procesales dentro de los juicios, cuando se pretende impedir la comparecencia de testigos mediante amenazas o forzar el cambio de sus versiones, entre otras acciones. En el segundo caso, se busca dotar a los jueces de la protección necesaria para que puedan adoptar sus decisiones con total independencia.

Por su parte, Nantipia se refirió al proyecto de reforma al COIP para sancionar la colusión en la contratación pública. Recordó que las contrataciones en el sector público movilizan millones de dólares cada año y que, lamentablemente, mediante diversas prácticas que alteran los precios, restringen la libre competencia y establecen acuerdos entre oferentes para impedir la participación de otras empresas, entre otras acciones que afectan la transparencia de los procesos.

El legislador explicó que el proyecto incorpora nuevos artículos al capítulo relativo a los delitos contra la eficiencia de la administración pública, para sancionar la colusión en la contratación pública, cuando exista concertación para afectar los intereses del Estado. Además, propone una figura de colusión agravada cuando estas conductas afecten sectores sensibles, como la educación y la salud, entre otros.

Asimismo, se plantean sanciones ejemplares para los servidores públicos que participen en actos de colusión en la contratación pública, con penas de hasta 11 años de privación de libertad en los casos más graves. Igualmente, se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas que intervengan en estas prácticas y que comprometan cuantiosos recursos públicos.

EG