Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano plantea observaciones para fortalecer la protección de las personas adultas mayores

Martes, 08 de septiembre del 2026 - 14:59 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana avanzó en el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para la Protección de las Personas Adultas Mayores.

En la sesión participaron Damián Tuares y Rocío Yánez, delegados del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, quienes presentaron propuestas para fortalecer los mecanismos de protección, atención y garantía de derechos de este grupo prioritario. Durante la comparecencia, se destacó la importancia de las iniciativas legislativas, que buscan garantizar una atención más directa y reforzada para las personas adultas mayores, así como generar oportunidades para su participación y desarrollo.

Entre las observaciones formuladas al proyecto se recomendó que el acceso a beneficios y exoneraciones se realice de manera directa, mediante el cruce de información entre el Registro Civil, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y las instituciones públicas. La propuesta busca evitar trámites adicionales y facilitar que estos beneficios sean aplicados de manera oportuna.

En este sentido, se planteó que la información que el Registro Civil debe proporcionar periódicamente a las instituciones sea cruzada de manera directa, de modo que las personas adultas mayores no tengan que realizar gestiones adicionales para acreditar su condición y acceder a las exoneraciones y beneficios establecidos en la normativa. Asimismo, se recomendó revisar las disposiciones relacionadas con la acreditación de la edad, a fin de garantizar su concordancia con la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos y evitar la exigencia innecesaria de documentos que ya consten en registros públicos.

Otro de los aspectos analizados fue la autenticación electrónica. Al respecto, se propuso fortalecer los mecanismos de seguridad, con la participación de las entidades competentes, como la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), para garantizar una adecuada verificación de la voluntad de las personas adultas mayores y prevenir posibles casos de fraude, suplantación de identidad y violencia patrimonial.

Se enfatizó en la necesidad de establecer mecanismos de autenticación reforzada que permitan su protección frente a delitos que pueden afectar su patrimonio, incluso aquellos que se producen en el entorno familiar, considerando los niveles de confianza y la especial vulnerabilidad que puede presentarse en determinadas circunstancias.

En relación con el Proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, se observó que la definición de violencia contra las personas adultas mayores debería ser revisada para determinar la pertinencia de establecer una tipificación específica y una sanción que permita una respuesta efectiva frente a estas conductas, que pueden ocasionar daños físicos, psicológicos, sexuales o patrimoniales.

Finalmente, se recomendó actualizar la denominación de las instituciones contempladas en la iniciativa, considerando la actual estructura del Ejecutivo. Para ello, se planteó hacer referencia a la autoridad nacional competente en materia de inclusión, desarrollo humano, trabajo y protección social, con el propósito de evitar que las reformas pierdan vigencia ante eventuales cambios en la organización institucional.

JC