Experta propone incorporar mecanismos de protección para personas desplazadas por la violencia en la Ley Antimafias

Lunes, 26 de octubre del 2026 - 12:22 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Seguridad Integral, en modalidad virtual, recibió los criterios de Gabriela Melo, investigadora asociada de Refugee Law Initiative, sobre el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado Frente al Crimen Organizado, Ley Antimafias, planteada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.

Melo recomendó incorporar estándares internacionales y mecanismos de protección para las personas obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia criminal. Explicó que el desplazamiento interno forzado genera consecuencias que trascienden la pérdida de vivienda, pues afecta el empleo, los medios de subsistencia, la unidad familiar, las redes comunitarias y el acceso a servicios básicos, educación y documentación personal.

La investigadora señaló que este fenómeno debe abordarse desde la perspectiva de la seguridad humana y el ejercicio de derechos, además de la seguridad pública y la responsabilidad penal. En ese sentido, propuso incorporar, después del artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la definición de persona desplazada internamente establecida en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, seguida de la tipificación específica de la conducta de provocar desplazamiento interno forzado por violencia criminal.

Melo precisó que el reconocimiento de una persona como desplazada y la determinación de responsabilidades penales son asuntos distintos. Por ello, recomendó que el acceso a medidas de protección no dependa de la existencia de una investigación o denuncia, pues muchas familias evitan acudir a las autoridades por temor a represalias o desconfianza institucional.

Asimismo, planteó incluir en los considerandos de la reforma referencias a los Principios Rectores de las Naciones Unidas y al artículo 42 de la Constitución, que prohíbe el desplazamiento arbitrario y reconoce el derecho de las personas afectadas a recibir protección y asistencia humanitaria, así como a retornar voluntaria, segura y dignamente a su lugar de origen. También sugirió mencionar expresamente el desplazamiento interno forzado entre las conductas que la propuesta busca tipificar.

En cuanto a la respuesta institucional, recomendó considerar al Ministerio de Gobierno como rector y articulador de las acciones frente al desplazamiento interno, mediante mecanismos que permitan definir responsabilidades y coordinar la actuación de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y las entidades competentes. Esta articulación facilitaría la identificación de los casos, la derivación de las personas afectadas y el acceso a servicios de atención, sin concentrar todas las responsabilidades en una sola institución.

Entre otras medidas, Melo propuso fortalecer los mecanismos administrativos para identificar y atender a las personas desplazadas, garantizar la confidencialidad de la información y los datos personales, y establecer medidas judiciales que eviten la exposición innecesaria de las víctimas a riesgos y prevengan su revictimización.

Finalmente, destacó las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo durante 2025 sobre el desplazamiento interno forzado por inseguridad y recomendó considerar sus hallazgos en el debate legislativo.

JC