La Fiscal General James Protege Los Derechos y La Vivienda Asequible de Los Inquilinos de Rochester

March 4, 2026

NUEVA YORK - La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy nuevas protecciones para 25 familias de bajos ingresos que se vieron obligadas a abandonar sus viviendas asequibles en marzo de 2025. Las casas adosadas, parte del complejo de viviendas asequibles, Los Flamboyanes, en Rochester, fueron sometidas a un plan de demolición y reurbanización supervisado por Landsman Real Estate Services, Inc. y Landsman Development Corp. (Landsman). Landsman no solo no notificó a los inquilinos sobre su derecho a regresar a las viviendas recién construidas, sino que tampoco les pagó los pagos de reubicación suficientes, incluyendo el pago de las facturas de servicios públicos, que les garantizaron protección financiera contra el desalojo mientras esperaban la reconstrucción de sus viviendas. El acuerdo de hoy garantiza que los inquilinos sean informados de su derecho a regresar a Los Flamboyanes en abril de 2027, fecha estimada de finalización de la construcción, y les proporciona una compensación adicional.

"Nadie debería verse obligado a abandonar su hogar ni verse privado de los recursos necesarios para encontrar un lugar seguro y asequible donde vivir", declaró la Fiscal General James. "El acuerdo de hoy devuelve el dinero a los inquilinos de Los Flamboyanes, quienes fueron mal informados sobre sus derechos y se les negaron los pagos completos de reubicación. Mi oficina siempre defenderá los derechos de los inquilinos y garantizará que los residentes de Los Flamboyanes puedan regresar a sus hogares".

Landsman informó por primera vez a los inquilinos de Los Flamboyanes que podrían ser desalojados debido a un proyecto de renovación en abril de 2024. En diciembre de 2024, Landsman emitió un aviso de 90 días a los inquilinos restantes que ocupaban las casas adosadas, indicándoles que desocuparan sus viviendas antes del 31 de marzo de 2025. Una investigación de la Fiscalía General (OAG en inglés) determinó que ambos avisos violaban la ley al no informar completa y precisamente a los inquilinos sobre sus derechos, y que Landsman no les pagó suficientes pagos de reubicación. Landsman está legalmente obligado a cubrir los costos de reubicación de los inquilinos, incluyendo el aumento del alquiler y los servicios públicos, hasta que se completen las casas adosadas de nueva construcción. Sin embargo, Landsman informó a los inquilinos elegibles que recibirían un pago único de reubicación con un límite de solo $9,570.

En abril de 2025, el OAG llegó a un acuerdo con Landsman para proporcionar más de $271,000 en Pagos de Reemplazo de Vivienda (RHP en ingles) adicionales a los inquilinos cuyos costos de vivienda y servicios públicos durante la construcción de Los Flamboyanes superaron los pagos globales de Landsman. El acuerdo también exigió a Landsman realizar una encuesta a los inquilinos y pagarles los costos adicionales de reubicación, incluyendo las tarifas de solicitud y los gastos de bolsillo para la instalación de los servicios públicos y otros servicios. Una investigación posterior del OAG reveló que Landsman incumplió el acuerdo, por lo que el OAG realizó una encuesta independiente a todos los inquilinos de Los Flamboyanes, la cual reveló que muchos de ellos enfrentaban costos de reubicación y servicios públicos que no estaban cubiertos por esos pagos globales iniciales.

Algunos inquilinos terminaron pagando más del 30% de sus ingresos en alquiler y servicios públicos, y varios se atrasaron en el pago del alquiler y se enfrentaron a un posible desalojo. Los inquilinos revelaron al OAG que las malas condiciones en las casas adosadas de Los Flamboyanes, incluyendo problemas con plagas como cucarachas, ratones y, en algunos casos, infestaciones de chinches, los obligaron a elegir entre ahorrar el pago total para cubrir futuros gastos de alquiler y servicios públicos o invertirlo en muebles y electrodomésticos nuevos y sin plagas.

La Fiscal General James ha logrado un segundo acuerdo con Landsman para garantizar que todos los inquilinos de Los Flamboyanes con derecho a compensación adicional reciban pagos de Landsman, y que todos sean informados de su derecho a regresar a sus hogares una vez finalizada la construcción. El acuerdo protege a los inquilinos del desalojo y del corte de servicios públicos mientras se encuentren en sus viviendas de reubicación. Los inquilinos también tienen derecho a un pago adicional de hasta $300 para cubrir las tarifas únicas de solicitud y los cargos de reconexión de servicios públicos relacionados con su mudanza. La Fiscal General supervisará toda la comunicación entre Landsman y los inquilinos de Los Flamboyanes para garantizar que todos estén contabilizados y se asegurará de que Landsman les comunique las actualizaciones y los plazos de la construcción, según los requeridos por ley.

Esta es la última medida tomada por la Fiscal General James para proteger a los inquilinos vulnerables en todo el estado de Nueva York. En febrero de 2026, la Fiscal General James demandó a los propietarios y administradores de un complejo de apartamentos en el condado de Orange por dejar que los residentes soportaran condiciones horribles. En octubre de 2025, la Fiscal General James impidió que las empresas de un propietario del condado de Montgomery discriminaran ilegalmente a los neoyorquinos de bajos ingresos. En abril de 2025, la Fiscal General James logró un acuerdo con los propietarios de la Región Capital de Nueva York por negar ilegalmente vivienda a inquilinos de bajos ingresos que utilizaban asistencia para la vivienda. En agosto de 2024, la Fiscal General James obligó a Shamco Management Corp. a pagar $400,000 a inquilinos de bajos ingresos en la Ciudad de Nueva York por negar ilegalmente oportunidades de vivienda. En febrero de 2024, el Fiscal General James anunció un acuerdo con el corredor de bienes raíces, Pasquale Marciano, y sus empresas por detener prácticas ilegales de vivienda que le negaban oportunidades a inquilinos de bajos ingresos.

Este asunto forma parte de la iniciativa, Rochester Community Partnership, de la OAG y está a cargo de Jane Landry-Reyes, Fiscal General Adjunta de la Unidad de Protección de Vivienda, bajo la supervisión del Jefe de la Unidad de Protección de Vivienda, Brent Meltzer. Rochester Community Partnership está dirigida por Francisca Montana, Gerente Sénior del Programa de Participación Comunitaria. La Unidad de Protección de Vivienda y Rochester Community Partnership forman parte de la División de Justicia Social, dirigida por la Fiscal General Adjunta Principal, Meghan Faux. El asunto también está a cargo de la Fiscal General Adjunta Amaris Elliott-Engel, de la Oficina Regional de Rochester, bajo la supervisión del Fiscal General Adjunto-a-Cargo, Ted O'Brien. La Oficina Regional de Rochester forma parte de la División de Oficinas Regionales, dirigida por la Fiscal General Adjunta Principal para Asuntos Regionales, Jill Faber. Tanto la División de Justicia Social como la División de Oficinas Regionales están supervisadas por la Fiscal General Adjunta Principal, Jennifer Levy.