Expertos aportan criterios técnicos a reforma del Código de la Niñez sobre derechos digitales

Miércoles, 25 de febrero del 2026 - 17:57 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

En el marco del proceso de socialización y tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, orientado a reforzar el derecho a la dignidad, reputación, honor e imagen de niños, niñas y adolescentes, se recibieron los aportes de Nory Pinela, vicerrectora de la Universidad Ecotec; Freddy Viejo González, presidente nacional de la Institución de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia del Ecuador; Vicente Torres, abogado en libre ejercicio; Diana Maldonado, experta en ciberseguridad; y Janet Palacios, jueza de la Unidad Judicial de Familia de Babahoyo.

Durante la sesión, Nory Pinela señaló que la Universidad Espíritu Santo y la Universidad Ecotec respaldan la reforma normativa para enfrentar los riesgos que actualmente afectan a niñas, niños y adolescentes, como el reclutamiento delictivo, el ciberacoso y la exposición a contenidos nocivos en redes sociales. Indicó que la propuesta busca garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de seguridad y bienestar, y planteó como medidas el establecimiento de los 16 años como edad mínima para el acceso a redes sociales abiertas, la corresponsabilidad de las plataformas digitales en la moderación de contenidos y el fortalecimiento de herramientas jurídicas para las instituciones educativas.

Por su parte, Freddy Viejo González respaldó la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para proteger la dignidad, imagen y datos personales de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales; sin embargo, observó que medidas como la prohibición del uso de redes sociales a menores de 15 años deben ser proporcionales y no vulnerar derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación. Subrayó que la protección integral debe basarse en la corresponsabilidad entre el Estado, la familia, la sociedad y las plataformas digitales, mediante controles parentales, verificación de edad y educación digital, y recomendó que la reforma respete los principios de progresividad y autonomía progresiva.

Vicente Torres sostuvo que el debate sobre la reforma al artículo 52 debe centrarse en la ciberseguridad y en la corresponsabilidad del Estado y la familia, más que en la imposición de prohibiciones absolutas. Indicó que, según datos del INEC, el 60 % de los hogares cuenta con acceso a internet y el 73 % de los usuarios son jóvenes, lo que evidencia la masificación tecnológica y la necesidad de políticas públicas efectivas. Enfatizó que el problema radica en la débil articulación institucional y en la escasa aplicación de protocolos frente a la violencia digital.

Diana Maldonado considera que la propuesta de reforma carece de definiciones técnicas claras, como el concepto de "red social", lo que podría generar confusión al incluir plataformas con fines educativos o recreativos. Señaló que una prohibición legal no impediría de forma efectiva el acceso de menores a estas plataformas, debido a la facilidad para falsear la edad o utilizar herramientas como VPN que permiten evadir controles geográficos.

Añadió que no existen mecanismos masivos y confiables para verificar edades ni para auditar el funcionamiento interno de aplicaciones de carácter global y de código cerrado. Indicó que experiencias internacionales, como las de Australia y Reino Unido, priorizan la responsabilidad de las plataformas y el control de contenidos nocivos antes que las prohibiciones generales.

Finalmente, Janet Palacios explicó que la reforma al artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia debe ser coherente con la naturaleza de esa norma, que actualmente regula prohibiciones vinculadas a la dignidad y la imagen de niñas, niños y adolescentes. Recomendó que la regulación sobre redes sociales y derechos digitales se incorpore en una sección o capítulo específico, garantizando el principio de proporcionalidad y el respeto a los derechos constitucionales.

MEV