Expertos aportan observaciones a proyectos de ley sobre seguridad, uso de uniformes y apoyo de Fuerzas Armadas

Miércoles, 22 de abril del 2026 - 20:19 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

En el marco del tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, unificado con el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para Proteger el Uso Legítimo de Uniformes e Insignias Institucionales, la Comisión de Seguridad recibió observaciones de la abogada y experta en derecho administrativo, Carolina Pantoja.

Durante su intervención, la especialista señaló que la propuesta busca proteger el uso legítimo de uniformes e insignias institucionales, mitigar riesgos asociados al crimen organizado, fortalecer los mecanismos de control administrativo y sancionar el uso indebido de recursos públicos.

Como principal recomendación, propuso incluir una reforma complementaria que establezca la inhabilitación para ejercer cargos públicos -incluso de forma permanente en casos vinculados con delincuencia organizada- para servidores o exservidores condenados por comercializar o facilitar uniformes institucionales, con el fin de evitar su reincorporación al sector público.

Asimismo, Pantoja indicó que el proyecto responde a una problemática real de seguridad, aunque requiere mayor sustento estadístico y mecanismos más rigurosos para cerrar espacios de infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.

De forma paralela, en el tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, la comisión contó con las observaciones del experto en derecho constitucional, Tadeo Hidalgo.

En su análisis del articulado, Hidalgo consideró que la propuesta es positiva y necesaria, aunque formuló observaciones técnicas para fortalecer el texto normativo. Entre sus principales recomendaciones, señaló que el objeto de la ley debe ser más específico, sugiriendo eliminar un inciso relacionado con la aplicación posterior a un conflicto armado interno y trasladarlo a una disposición general.

Respecto al ámbito de aplicación, observó la necesidad de precisar qué instituciones estarán obligadas al cumplimiento de la norma, a fin de evitar duplicidades o la inclusión de entidades que no correspondan.

Sobre los principios rectores, sugirió aclarar el concepto de "plazos estrictos" y eliminar el término "subsidiariedad", al considerar que no consta en la reforma constitucional y podría generar dificultades en la aplicación de la ley.

En cuanto al procedimiento para solicitar apoyo militar, señaló que no se debe excluir a los ministros de Defensa e Interior, ya que ambas instituciones están subordinadas al poder político y estas autoridades deberían participar en la presentación de informes al Ejecutivo. Asimismo, observó que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) es un órgano asesor y no emisor de informes, por lo que sugirió crear una instancia técnica que elabore dichos documentos sin generar gasto público adicional.

El especialista concluyó que el proyecto de ley cumple con el mandato constitucional y responde a los desafíos de seguridad que enfrenta el Ecuador.

JC