Estados Unidos: RSF insta a la gobernadora de Puerto Rico a vetar un proyecto de ley que restringiría el acceso público a la información

Aprobado en octubre de manera precipitada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sin vistas públicasprevias, el PS63añade varios trámites burocráticos al proceso de solicitud de información. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes en noviembre y la gobernadora debe firmarlo o vetarlo antes del 4 de enero de 2026. Si no se toma ninguna medida, el proyecto se convertirá automáticamente en ley. El pasado 8 de diciembre, RSF y una coalición de otras 12 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a la gobernadora exhortándola a vetar el proyecto de ley.

Limitar la transparencia y restringir la labor periodística

El proyecto de ley PS 63 crea varias lagunas jurídicas que permiten a los organismos gubernamentales retrasar o evitar la divulgación de información. Por ejemplo, impone límites a la creación de nuevos documentos o al formato en que lo entregan los organismos en respuesta a las solicitudes, lo que dificulta su análisis. El proyecto de ley también permite al Gobierno clasificar cualquier información como confidencial sin revisión judicial previa y elimina las protecciones de privacidad para los solicitantes de información, lo que los hace vulnerables a la persecución.

El texto también crea nuevas restricciones en los plazos. En caso de que el Gobierno no pudiera proporcionar la información requerida, el solicitante sólo tendría unos días para asistir a una revisión en persona de cualquier documento disponible de la agencia pertinente, lo que supone otro obstáculo al derecho de acceso público a la información. El proyecto también duplica el plazo que el Gobierno puede tardar en divulgar cualquier información solicitada, elevándolo a casi 50 días hábiles. Este retraso es especialmente perjudicial para los periodistas, cuya labor es mantener al público informado puntualmente sobre las acciones del Gobierno.

Puerto Rico tiene un historial de restricciones a la prensa y a la libertad de expresión, incluida una controvertida ley de 2020 sobre la COVID-19 y los desastres naturales. La ley fue finalmente derogada por un juez del territorio continental de Estados Unidos en 2023 porque violaba la Primera Enmienda de la Constitución, ya que creaba un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión en Puerto Rico cuando más se necesitaba.

Mientras Estados Unidos sigue cayendo en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSFy los periodistas son objeto de ataques cada vez más frecuentes por parte de la administración Trump, Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, debería dar ejemplo en la protección de la libertad de prensa y rechazar el proyecto de ley PS 63.