Pedimos a las fuerzas políticas que superen sus diferencias y alcancen un acuerdo estatal frente a los incendios forestales

Ante la gravedad y simultaneidad de los incendios forestales que están afectando a distintas comunidades autónomas, pedimos a todas las fuerzas políticas que vayan un paso más allá y transformen el consenso en una acción política efectiva sobre prevención y coordinación a través de un acuerdo estable, financiado y aplicable en todas las comunidades autónomas.

Según la última actualización de MITECO, solo hasta julio los incendios han arrasado más de 100 000 hectáreas en más de 5000 incendios en todo el territorio. De ellos, 29 han sido grandes incendios forestales, es decir, siniestros que han afectado más de 500 ha. cuando todavía queda la última semana de julio y todo el mes de agosto, tradicionalmente uno de los periodos de mayor riesgo. Este último dato es aún más preocupante, ya que, según las estadísticas, España registra de media 23 grandes incendios forestales al año y en 2026 ya llevamos 29 GIF.

Los incendios forestales actuales, cada vez más severos, extensos, difíciles de controlar y en menor intervalo de tiempo, ponen de manifiesto los límites de un modelo de lucha contra el fuego obsoleto, enfocado en la extinción y no en la prevención.

Aunque los operativos de extinción son altamente eficaces - el 68 % de los incendios se ha controlado antes de que afectara a una hectárea -, se sigue concentrando la mayor parte de los recursos (78 %) en apagar las llamas una vez iniciada la emergencia y no en la prevención para evitarlos (12 %). Además, la mayoría de las comunidades autónomas gestiona cada año entre el 0,3 % y el 0,7 % de su superficie forestal, por debajo de la escala necesaria para producir cambios apreciables en el comportamiento de los grandes incendios.

Los grandes incendios no responden a una única causa. Son el resultado de una combinación explosiva entre la crisis climática, el abandono del territorio, la acumulación y continuidad de la vegetación y la expansión de urbanizaciones y núcleos rurales en contacto directo con la vegetación forestal, con importantes carencias de planificación y autoprotección.

En paralelo, las temperaturas extremas, las sequías prolongadas y las olas de calor cada vez más frecuentes secan la vegetación y amplían los periodos de riesgo. Al mismo tiempo, la desaparición de cultivos tradicionales, pastos, ganadería extensiva y aprovechamientos forestales han transformado antiguos mosaicos agroforestales en paisajes continuos y altamente inflamables.

La simultaneidad agrava todavía más el problema. Cuando se producen varios grandes incendios forestales al mismo tiempo, los medios deben repartirse entre distintos territorios, se complican las evacuaciones y disminuyen las posibilidades de controlar los incendios durante sus primeras fases.

El resultado es que un incendio forestal puede convertirse rápidamente en una emergencia de protección civil en la que se debe priorizar la defensa de personas y viviendas, por lo que se reduce la capacidad de los operativos para actuar sobre el frente del fuego.

Apoyamos y valoramos positivamente los mensajes de solidaridad de las distintas voces políticas con las personas afectadas, las llamadas a la prudencia ciudadana y la movilización de todos los medios disponibles. También celebramos la coordinación del Gobierno con las distintas comunidades autónomas afectadas, así como la puesta a disposición de recursos estatales para la extinción y la recuperación de espacios afectados.

Sin embargo, reclamamos ir un paso más allá y pedimos a todas las fuerzas políticas que superen sus diferencias y transformen el consenso verbal en una acción política efectiva para adaptar del territorio.

Este acuerdo político a nivel estatal frente a los incendios forestales debe: adaptar el territorio y que se sustentarse en una planificación territorial basada en el riesgo y compatible con la conservación de la biodiversidad.

La propuesta debería incorporar, al menos, los siguientes compromisos:

1. Aplicar plenamente el Real Decreto 716/2025 y evaluar el cumplimiento y la eficacia de los planes anuales autonómicos de prevención, vigilancia y extinción.
2. Identificar las zonas de alto riesgo y las áreas estratégicas en las que las actuaciones pueden modificar realmente el comportamiento del fuego.
3. Gestionar anualmente, como mínimo, el 1 % de la superficie forestal nacional, unas 260 000 hectáreas, mediante actuaciones estratégicas y mantenidas en el tiempo.
4. Recuperar mosaicos agroforestales, apoyar la ganadería extensiva y los cultivos tradicionales y generar actividad económica viable en el medio rural.
5. Impulsar una gestión forestal adaptativa, quemas prescritas y restauración ecológica, diferenciando las zonas que requieren intervención de aquellas en las que debe priorizarse la conservación y la dinámica natural.
6. Elaborar y aplicar planes de autoprotección en municipios, urbanizaciones y viviendas situadas en zonas de interfaz urbano-forestal.
7. Establecer financiación plurianual suficiente, indicadores comunes de impacto y mecanismos de coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
8. Mejorar la investigación de las causas de los incendios y desarrollar programas de prevención social en los territorios con mayor recurrencia.

La campaña de incendios todavía no ha alcanzado su periodo tradicionalmente más crítico. Por ello, la prioridad inmediata debe ser proteger a las personas, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y garantizar la máxima cooperación entre administraciones. Sin embargo, una vez apagadas las llamas, el debate político no puede volver a aplazarse hasta la siguiente emergencia.

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