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Miércoles, 24 de junio del 2026 - 10:16 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
La Comisión de Seguridad Integral, continuó con el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado "Ley Antimafias", en el cual recibió observaciones del Ministerio de Defensa Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.
El subsecretario de Defensa Nacional, Grab. Edwin Cañizares expresó el respaldo a la iniciativa de ley, al considerar que el crimen organizado constituye una de las principales amenazas para la seguridad del país debido a su capacidad económica, estructura transnacional y capacidad de adaptación operativa. El general Cañizares subrayó que el combate a estas organizaciones requiere la acción coordinada de todas las instituciones del Estado.
Por su parte, el capitán Luis Andrade, asesor de la Dirección de Legislación Militar del Comando Conjunto planteó la necesidad de fortalecer las reformas a los tipos penales vinculados al sector hidrocarburífero, especialmente aquellos relacionados con el almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de combustibles, así como la paralización de servicios estratégicos.
Se observó que estas actividades ilícitas, detectadas en operaciones de control de infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y refinerías, generan riesgos significativos para la población, incluyendo derrames, incendios y otros siniestros. En este sentido, se propuso precisar los elementos constitutivos de los delitos para garantizar una mejor aplicación de la norma por parte de los operadores de justicia.
Además, se planteó la incorporación de agravantes cuando exista participación de miembros de las fuerzas del orden en actividades de reclutamiento para organizaciones criminales, reforzando así los mecanismos de control y sanción frente a posibles vínculos con estructuras delictivas.
Por su parte, Mateo Navarrete, delegado del Centro Nacional de Inteligencia, señaló que el objetivo central del proyecto es reducir la brecha entre los sistemas de inteligencia y la investigación penal, permitiendo que la información estratégica pueda ser utilizada de manera efectiva en los procesos judiciales, sin afectar derechos ni garantías constitucionales.
En este marco, se destacó que las reformas relacionadas con la pertenencia funcional dentro de organizaciones criminales permitirían mejorar la capacidad del Estado para procesar a los niveles de mando, evitando que la acción penal se concentre únicamente en ejecutores de menor jerarquía.
Asimismo, se consideró fundamental el fortalecimiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), particularmente en los artículos vinculados al crimen organizado y a los delitos económicos, así como la articulación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para el rastreo de flujos financieros ilícitos.
JC