Proyecto de Ley Antimafias para debilitar las estructuras del crimen organizado pasó el primer debate

Jueves, 27 de agosto del 2026 - 15:18 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Asamblea Nacional dio un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado. El Pleno tramitó en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado "Ley Antimafias", presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.

La normativa propuesta busca fortalecer la respuesta estatal y limitar la capacidad operativa, territorial y económica de las estructuras delictivas.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón, señaló, durante la presentación del informe, que el crimen organizado no solo busca controlar los cargamentos de droga, sino también las condiciones que le permitan mantener sus operaciones. Para ello, procura controlar rutas, recursos económicos e información; obtener protección; y corromper y penetrar las instituciones encargadas de combatirlo.

La autora del proyecto de ley, la presidenta Mishel Mancheno, recordó que, desde 2025 y en lo que va de 2026, el país registra 316.000 toneladas de droga incautadas, 796.000 de material aurífero, 477.000 municiones, 2.533 millones de galones de combustible y USD 3.418 millones vinculados a estas redes criminales.

En este contexto, enfatizó que la iniciativa busca que el Estado deje de reaccionar únicamente frente a los hechos violentos y pase a combatir de manera integral a las organizaciones criminales, sus estructuras, fuentes de financiamiento, patrimonio, control territorial e infiltración institucional. Se plantea llegar a quienes organizan, dirigen, financian, ejercen mando o control, coordinan estratégicamente, reclutan, facilitan infraestructura o proporcionan recursos con conocimiento de la finalidad criminal.

Añadió que, para golpear las economías criminales, otro de los ejes centrales es la persecución patrimonial. Mencionó que existirían aproximadamente 583 bienes inmuebles y 2.600 automotores relacionados con organizaciones criminales y con el narcotráfico, cuyo cuidado genera gastos públicos.

La iniciativa también plantea mecanismos para una gestión más eficiente de los bienes incautados, considerando su conservación y eventual venta anticipada en los casos previstos por la normativa.

Mancheno aclaró que la reforma no criminaliza la defensa técnica, sino el uso doloso de la profesión para facilitar o encubrir actividades criminales. La inhabilitación de abogados procederá conforme a sentencia ejecutoriada.

"Los ecuatorianos nos están viendo y ellos sabrán perfectamente quiénes están dispuestos a cerrarles el paso a estas economías criminales y también quiénes eligieron seguir permitiendo que el crimen organizado esté en nuestro país", resaltó.

El proyecto recoge los aportes de más de 50 comparecencias y toma como referencia experiencias internacionales, especialmente de Italia, por su lucha contra la mafia y la aplicación de mecanismos de persecución patrimonial, así como de Estados Unidos y Argentina, países que cuentan con legislación antimafia para combatir el crimen organizado.

El debate en el Pleno contó con la participación de 22 asambleístas de diferentes bancadas, quienes expusieron sus criterios y planteamientos sobre el contenido de la iniciativa, como parte del análisis legislativo.

El trámite de la propuesta legal continuará en la Comisión de Seguridad Integral, que elaborará el informe para segundo debate.

JC