Panamá comparte avances en la implementación de la Recomendación 8 del GAFI, durante sesión especializada en el marco de los Grupos de Trabajo del GAFILAT

En el marco de las Reunión de Grupos de Trabajo y el Quincuagésimo tercero Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá participó en la sesión especializada sobre la implementación de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dedicada al análisis de los riesgos de financiamiento del terrorismo asociados a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

La actividad reunió a representantes de los 18 países miembros de GAFILAT, organismos reguladores, autoridades responsables de la implementación de la Recomendación 8, expertos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional, con el objetivo de profundizar en los cambios recientes introducidos a los estándares del GAFI y promover una implementación efectiva, proporcional y basada en riesgos.

Durante las palabras de apertura, Presidenta Pro Témpore del GAFILAT y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Y. Vecchio Arófulo, destacó que la revisión de la Recomendación 8 constituye una de las reformas más relevantes adoptadas recientemente por el GAFI.

"La actualización del estándar busca que los países identifiquen adecuadamente cuáles organizaciones se encuentran dentro de la definición de OSFL establecida por el GAFI, comprendan sus riesgos específicos de financiamiento del terrorismo y adopten medidas focalizadas, proporcionales y basadas en riesgo, evitando al mismo tiempo afectar indebidamente el trabajo legítimo que realizan estas organizaciones", señaló.

Vecchio destacó que América Latina enfrenta desafíos comunes en la aplicación de esta recomendación, entre ellos la identificación precisa de las organizaciones comprendidas dentro del estándar internacional, la evaluación de sus riesgos, el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y el desarrollo de una relación más estrecha entre las autoridades y el sector.

Asimismo, resaltó la importancia de intercambiar experiencias regionales que permitan fortalecer las evaluaciones sectoriales de riesgo y traducir sus resultados en medidas efectivas y proporcionales que protejan al sector frente a posibles abusos, sin generar cargas innecesarias para las organizaciones que desarrollan actividades legítimas.

La jornada contó además con la participación del Embajador de la Unión Europea en Perú, Jonathan Hatwell, quien subrayó la importancia de las evaluaciones de riesgo como herramienta fundamental para una adecuada implementación de la Recomendación 8 y destacó la necesidad de que los países comprendan y apliquen de manera uniforme los nuevos criterios del GAFI para fortalecer la efectividad de los sistemas de prevención y combate del financiamiento del terrorismo.

Por su parte, Ángela Paul, representante de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) resaltó que la Recomendación 8 busca alcanzar un equilibrio entre la protección del sector de organizaciones sin fines de lucro frente a posibles abusos y la preservación de su capacidad para contribuir al desarrollo, la cohesión social y la gobernanza democrática. En este sentido, enfatizaron la importancia de implementar medidas proporcionales y adaptadas a los contextos nacionales, evitando consecuencias no deseadas como barreras administrativas excesivas o restricciones injustificadas al acceso a servicios financieros.

Durante las sesiones técnicas, organizadas en conjunto por el GAFILAT, EU Global Facility y la Cooperación Alemana implementada por GIZ, se analizaron experiencias regionales, buenas prácticas y desafíos asociados a la identificación y supervisión de las OSFL, destacándose la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, el diálogo con la sociedad civil y el uso de información confiable para la toma de decisiones basadas en riesgo.

Como parte de los intercambios desarrollados, se destacó que Panamá mantiene importantes avances en esta materia, reflejados en la solidez de sus mecanismos de registro, actualización y seguimiento de organizaciones sin fines de lucro, así como en el fortalecimiento de las bases de datos y herramientas de supervisión disponibles para las autoridades competentes. Estos elementos contribuyen a una mayor transparencia del sector y permiten aplicar medidas focalizadas y proporcionales conforme a los estándares internacionales.

La participación de Panamá, a través de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Gobierno, en estos espacios regionales, reafirma el compromiso del país con el fortalecimiento continuo de su sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, promoviendo un enfoque basado en riesgos que preserve la integridad del sistema financiero y, al mismo tiempo, garantice el adecuado desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil.