03/23/2026 | Press release | Distributed by Public on 03/23/2026 12:19
Lunes, 23 de marzo del 2026 - 11:11 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
La asambleísta Ana Herrera, representante de la provincia de Cotopaxi, presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda, mejorar la articulación institucional y garantizar una respuesta inmediata y efectiva del Estado frente a estos casos.
La propuesta normativa plantea reformas estructurales orientadas a optimizar la prevención, investigación y localización de personas desaparecidas o extraviadas, incorporando un enfoque humanitario y de protección integral de derechos, tanto para las víctimas directas, como para sus familiares.
Entre los principales ejes del proyecto se destaca la activación inmediata y automática de los protocolos de búsqueda, sin necesidad de cumplir requisitos previos ni esperar plazos, estableciendo un tiempo máximo de 30 minutos para que instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía y el ECU-911 inicien las acciones correspondientes tras la recepción de la denuncia.
Asimismo, se propone la incorporación de nuevas definiciones y categorías que permiten una mejor clasificación de los casos, incluyendo la desaparición de alto riesgo, desapariciones vinculadas a delitos y aquellas ocurridas en zonas geográficas peligrosas, las cuales serán tratadas de forma prioritaria desde el primer momento.
El proyecto también contempla la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, basado en una plataforma tecnológica unificada, interoperable y de uso obligatorio para todas las instituciones competentes, que permitirá el registro, actualización y cruce de información en tiempo real.
De igual manera, se establece la implementación de una Alerta Nacional de Personas Desaparecidas, como mecanismo de difusión inmediata y obligatoria a través de medios de comunicación y plataformas digitales, con el fin de agilizar la localización en casos de alto riesgo.
Otro aspecto relevante es el fortalecimiento del rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que deberán contribuir en la búsqueda, difusión de alertas y prevención, así como la definición de protocolos diferenciados para grupos prioritarios como niñas, niños y adolescentes, mujeres en contextos de violencia, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Adicionalmente, la iniciativa incorpora un protocolo de atención posterior a la localización, que garantiza la evaluación médica y psicológica de la persona encontrada, así como el acompañamiento institucional y la protección de sus derechos.
El proyecto establece, además, la obligación de capacitación en derechos humanos y desapariciones forzadas para operadores de justicia, policías y Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una sentencia constitucional reciente. Todas las medidas planteadas se implementarán mediante la optimización de los recursos humanos, técnicos y tecnológicos existentes, sin generar nuevas asignaciones al Presupuesto General del Estado.
MEV