Reclamamos una nueva estrategia de prevención para adaptar el territorio a los incendios extremos

En el marco del Día Mundial de la Prevención de los Incendios Forestales, pedimos superar un modelo centrado principalmente en la extinción y avanzar hacia una estrategia integral de adaptación del territorio basada en la prevención social, la gestión del paisaje y la preparación de la población.

A fecha de hoy, este año ha habido 16 víctimas mortales - en Los Gallardos, en Manises y ayer mismo en Las Peñas de Riglos, donde falleció un militar de la Unidad Militar de Emergencias durante las labores de extinción-, alrededor de 240 000 hectáreas arrasadas y 42 grandes incendios forestales. Dada la gravedad de la situación, reclamamos la creación de una estrategia basada en la prevención social y la autoprotección ante unos incendios que, agravados por la emergencia climática, resultan inextinguibles.

De un lado, por la superficie afectada, el número total de siniestros, la recurrencia y la gravedad de los grandes incendios forestales. De otro, por el volumen de población afectada y la simultaneidad de incendios extremos que, en muchos casos, ha desbordado la capacidad de los equipos de emergencias. Todo ello, unido a los efectos de la crisis climática y a que los paisajes son cada vez más inflamables a causa de la falta de gestión del territorio y la pérdida de usos tradicionales como la ganadería y la agricultura, lo que supone un riesgo que solo puede abordarse desde la prevención.

La prevención debe combinar distintas herramientas: reducir las igniciones de origen humano, gestionar y adaptar el paisaje, recuperar actividades agrarias y ganaderas compatibles con la conservación, restaurar ecosistemas degradados y preparar a la población para convivir con un riesgo que no puede eliminarse por completo.

Según nuestro último informe "Incendios extremos: el reto de adaptar el territorio", aunque el número de siniestros ha descendido un 33 % en los últimos diez años, sigue habiendo una siniestralidad muy alta. De hecho, el 95 % de los 8 800 incendios forestales que se producen de media al año son provocados por el ser humano y solo el 5 % restante tiene su origen en la incidencia de rayos.

De los incendios cuyas causas son conocidas, la mayoría tiene un origen humano y, de ellos, un 53 % son intencionados y un 28 % debidos a negligencias y accidentes. Estos datos demuestran que reforzar la prevención social, aplicar medidas efectivas y acabar con la impunidad de los responsables es urgente.

Atendiendo a los últimos datos disponibles, el MITECO desconoce la causa de más del 12 % del total de siniestros y, según el SEPRONA, se estima que hasta el 60 % del origen de los incendios no llega a esclarecerse.

El alto porcentaje de incendios intencionados pone de manifiesto la existencia de importantes conflictos sociales y económicos en algunas regiones rurales, por lo que reclamamos a las administraciones mejorar la eficiencia en la identificación de causantes, así como en la aplicación efectiva y ejemplar de sanciones y condenas para disuadir a quienes están detrás de los incendios.

Por otro lado, y, a pesar de que la gravedad de esta problemática, este verano ha llegado a elevar el tono a una emergencia social y ambiental sin precedentes, consideramos que no existe conciencia social del riesgo. Así, urge a impulsar medidas para mejorar la comprensión social ante los incendios, conocer los riesgos y recuperar el vínculo y la conexión con el medio rural, especialmente en zonas de alto riesgo y aquellas ubicadas en la interfaz urbano-forestal.

Estos factores, combinados con que el actual modelo de lucha contra incendios se enfoca principalmente en la financiación de medios de extinción, hacen que el riesgo aumente exponencialmente. De hecho, aunque España es el país que más presupuesto invierte en extinción por hectárea del mundo y dispone de uno de los mejores sistemas de respuesta contra incendios, la siniestralidad sigue siendo preocupante. Actualmente se dedica el 78 % de los recursos a la extinción (entre 600 y 700 millones de euros al año) y tan solo un 12 % a la prevención, la gestión forestal y la adaptación del paisaje (180 millones de euros al año). El 10 % restante corresponde a otras partidas vinculadas a la política forestal y a diferencias en la clasificación presupuestaria entre administraciones.

Reclamos avanzar hacia una estrategia integral de adaptación del territorio que actúe antes de que el incendio se convierta en una emergencia. Para ello, pide reducir las igniciones de origen humano mediante una mayor investigación de las causas y motivaciones, una mejor identificación de los responsables, la aplicación efectiva de sanciones y condenas y programas de prevención social en las zonas con mayor recurrencia de incendios.

Al mismo tiempo, consideramos imprescindible generar una cultura social del riesgo y preparar mejor a la población, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal. Esto implica mejorar la información y la sensibilización, así como reforzar la autoprotección.

Además, respecto a la gestión del paisaje como medida preventiva, recientemente WWF y otras entidades entre las que se encuentra Pau Costa, insistimos en la necesidad de poner en marcha un plan de prevención con cinco compromisos: gestionar cada año como mínimo el 1 % de la superficie forestal, destinar como mínimo 1000 millones de euros anuales a la gestión y protección del territorio, apoyar a agricultores y ganaderas que mantienen vivo y diverso el medio rural, proteger mejor los pueblos y preparar a la ciudadanía, así como coordinar las políticas públicas y hacer un seguimiento de estas.

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