Autoridades contribuyen con reformas penitenciarias que buscan frenar el crimen organizado y transnacional

Jueves, 19 de febrero del 2026 - 19:44 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Seguridad Integral reunida en Guayaquil, analizó varias observaciones durante el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario frente a la Criminalidad Organizada y Transnacional. Entre los principales planteamientos constan la creación del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, la clasificación de los centros de privación de libertad, el establecimiento de un régimen especial y la diferenciación funcional entre la seguridad penitenciaria de adultos y el sistema de adolescentes infractores.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que esta reforma no debe convertirse en una propuesta más, sino en una decisión de Estado y una respuesta firme ante la crisis estructural que enfrenta el sistema penitenciario.

En ese contexto, expuso las propuestas técnicas y jurídicas orientadas a la profesionalización del personal y a la implementación de un régimen jurídico especial, con el objetivo de elevar el estatus del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. "No estamos creando guardias; estamos consolidando una entidad complementaria de seguridad, armada, técnica y especializada, con su propio régimen jurídico", enfatizó.

Asimismo, destacó la creación del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, donde los agentes deberán cumplir estándares internacionales en derechos humanos y tácticas de seguridad.

El ministro aseguró que se aplicará un proceso de depuración con tolerancia cero a la corrupción. Para ello, se amplió el catálogo de faltas muy graves, que pasó de 10 a 64 causales. La propuesta también contempla la clasificación estratégica de los centros de privación de libertad y el fortalecimiento del control de visitas, mediante la definición de niveles de máxima, mediana y mínima seguridad.

Por su parte, Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, centró su análisis y recomendaciones en las reformas al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza y a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

En conclusión, las recomendaciones se estructuraron en cinco ejes: la diferenciación funcional entre la seguridad penitenciaria de adultos y el sistema de adolescentes infractores; la coordinación interinstitucional amplia y no restrictiva, conforme al deber constitucional de articulación; el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria, con un marco legal estructural y desarrollo operativo mediante instrumentos institucionales bajo la Ley de Seguridad Pública y del Estado, con enfoque multidisciplinario; la rectoría ministerial en materia de políticas públicas y la claridad jerárquica del organismo técnico y su directorio; y el uso legítimo de la fuerza, con principios debidamente definidos y un régimen de máxima seguridad sujeto a control civil independiente.

Finalmente, el delegado del Centro Nacional de Inteligencia, Pablo Sebastián Fonseca, presentó observaciones sobre la Unidad de Inteligencia Penitenciaria como parte del Sistema Nacional de Inteligencia. En este sentido, sugirió que dicha unidad no elabore informes para clasificar la peligrosidad, sino que emita reportes técnicos que sirvan como insumos para la toma de decisiones.

AM