Argentina: el gobierno censura a la prensa y hostiga judicialmente a dos periodistas

El gobierno de Javier Milei obtuvo una medida judicial para censurar la difusión periodística de grabaciones que comprometen a funcionarios de primera línea en posibles actos de corrupción. Al mismo tiempo, denunció penalmente a dos periodistas, solicitó que sus domicilios sean allanados y que revelen sus fuentes. La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con lxs colegas afectadxs y se suma al repudio de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa ante un acto de abierta censura y violación de la libertad de prensa.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ante los medios de comunicación. Foto: Luis Robayo / AFP.

La decisión de avanzar en la criminalización del trabajo periodístico se da en un contexto en el que el gobierno del presidente Milei enfrenta una crisis política por la difusión de grabaciones que involucran a funcionarios del ejecutivo y del parlamento en posibles actos de corrupción en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

A raíz de esto, el gobierno solicitó al Poder Judicial una medida cautelar para evitar que las grabaciones siguieran difundiéndose y arremetió contra los periodistas Ivy Cángaro, Mauro Federico y Jorge Rial. En el caso de los últimos dos, solicitó que sean allanados sus lugares de trabajo y sus domicilios particulares.

Estas acciones han despertado un amplio rechazo en el gremio periodístico que trasciende los posicionamientos editoriales. En este sentido,la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) emitió un comunicado alusivo:

"Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa manifestamos nuestro enérgico repudio a la solicitud realizada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al Poder Judicial para allanar los domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, así como la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios que involucran a funcionarios gubernamentales, lo que constituye un profundo ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información de la ciudadanía".

"Estas acciones represivas contra periodistas, que se suman a la represión contra fotoperiodistas y cronistas en el Congreso y a los ataques digitales contra comunicadores con el claro objetivo de 'disciplinar' a la prensa, exigen el respeto a las leyes que protegen la actividad periodística y garantizan que la ciudadanía permanezca informada".

El gobierno de Javier Milei había dado señales del tinte de su relación con los medios cuando, a inicios de su mandato, también denunció a lxs periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel por sus opiniones en el marco de su trabajo. A su vez, la violencia policial contra lxs trabajadorxs de prensa mientras ejercen su trabajo se ha vuelto una constante en Argentina.

La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con lxs colegas afectadxs y se suma al repudio de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa ante un acto de abierta censura y violación de la libertad de prensa que resulta absolutamente incompatible con un sistema democrático y de respeto a los derechos humanos.