Brasil: Lula debe priorizar los derechos humanos en su nuevo mandato

(São Paulo) - Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido presidente de Brasil, debería aprovechar su nuevo mandato para abordar los problemas históricos de derechos humanos en el país, afirmó hoy Human Rights Watch.

El presidente Lula derrotó al candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, en la segunda vuelta celebrada el 25 de octubre de 2026, según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral. Lula obtuvo el 51,7 % de los votos, mientras que Bolsonaro recibió el 48,2 %, con el 99,9 % de las urnas escrutadas, informó la justicia electoral.

"Durante su mandato actual, el presidente Lula ha apoyado las instituciones democráticas y ha logrado avances importantes en la protección de la selva amazónica y de las comunidades locales que dependen de ella para su supervivencia, pero su desempeño ha sido mixto en otras áreas", dijo César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil. "Su gobierno debería abordar las cifras récord de letalidad policial y otros problemas de seguridad pública, además de apoyar de manera más consistente los derechos humanos tanto en el país como en el extranjero".

La prensa informó sobre la reducción de los servicios de transporte público en varios estados, lo que pudo haber impedido que los votantes llegaran a sus centros de votación el 25 de octubre. La Policía Federal está investigando posibles delitos electorales. La campaña de Lula solicitó que se extendiera el horario de votación en algunos estados debido a estas interrupciones. La campaña de Bolsonaro también solicitó la extensión del horario en otras regiones del país debido a las lluvias.

Cuando las urnas estaban a punto de cerrarse, un ministro de la Corte Suprema Federal extendió el horario de votación por dos horas. Poco después, el Tribunal Superior Electoral y, posteriormente, el mismo ministro de la Corte Suprema Federal, establecieron que la extensión se aplicaba únicamente a los centros de votación que aún permanecían abiertos.

Tras asumir el cargo en enero de 2023, el presidente Lula tomó medidas importantes para reparar algunos de los daños causados por el gobierno anterior a las instituciones democráticas, al medio ambiente y a la protección de los derechos humanos en general.

Sin embargo, persisten graves problemas de derechos humanos en el país, entre ellos los abusos policiales, que afectan de manera desproporcionada a la población negra de Brasil. Las muertes a manos de la policía alcanzaron un récord histórico en 2025-con 6.589 víctimas-y siguieron una tendencia al alza hasta septiembre de 2026. Esta tendencia estuvo impulsada por estrategias fallidas de política pública que han permitido a la policía hacer uso letal de la fuerza sin controles efectivos.

Las prácticas policiales abusivas socavan la seguridad pública-una de las principales preocupaciones de los brasileños, según las encuestas-, lo que aumenta la desconfianza y disminuye la colaboración de la población con la policía, al tiempo que alimentan un ciclo de violencia que pone en riesgo tanto a civiles como a agentes de policía. Además, crean un ambiente de impunidad frente al uso excesivo de la fuerza, lo que facilita la corrupción policial y los vínculos con el crimen organizado.

Si bien la seguridad pública es principalmente responsabilidad de los estados en Brasil, el gobierno federal tiene un papel fundamental en la coordinación y promoción de las políticas, para que éstas sean más eficaces en desarticular organizaciones criminales, proteger a la población frente a la violencia y garantizar el respeto de los derechos humanos.

Una medida importante para mejorar las investigaciones, que el presidente Lula debería apoyar, es separar los servicios forenses de la policía civil, a fin de garantizar un análisis independiente en casos de abuso policial y otros delitos.

Durante una entrevista el 15 de octubre, el presidente Lula defendió la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 16 años en casos de delitos graves. La medida violaría el derecho internacional, que establece que los adolescentes deben estar sujetos a sistemas de justicia distintos de los aplicables a los adultos. Esta propuesta también perjudicaría, en lugar de fortalecer, los esfuerzos del país por reducir la delincuencia, señaló Human Rights Watch. Los adolescentes que infringen la ley pueden y deben rendir cuentas, pero de una manera individualizada que promueva su reintegración.

En lo que respecta al medio ambiente, el presidente Lula debería corregir las inconsistencias que ponen en riesgo los derechos de las personas en Brasil. Su gobierno logró reducir la deforestación en la Amazonía al nivel más bajo jamás registrado, según datos oficiales, y reanudó la demarcación de territorios indígenas. Sin embargo, no tomó medidas suficientes para garantizar la trazabilidad del ganado, el principal factor de la deforestación ilegal y de las violaciones de derechos humanos asociadas a ésta.

Su gobierno también lanzó, tras años de espera, un programa nacional para reducir el uso de pesticidas. No obstante, siguió permitiendo el uso de pesticidas altamente peligrosos, muchos de los cuales están prohibidos en la Unión Europea y en otros lugares debido a los daños comprobados a la salud y al medio ambiente. Esto pone a la población brasileña en riesgo de intoxicaciones agudas y otros impactos graves para la salud, particularmente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y de pequeños agricultores.

En los últimos años, se han revelado grandes escándalos de corrupción que involucran a diversas autoridades, partidos políticos e instituciones. El gobierno de Lula debería promover medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción, incluyendo la coordinación con el Congreso para garantizar la transparencia y la supervisión del uso del presupuesto público.

Otros problemas de larga data relacionados con los derechos humanos que el presidente Lula debería priorizar incluyen la violencia de género, los graves obstáculos al acceso al aborto legal, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, y la institucionalización de personas con discapacidad debido a la insuficiencia de los servicios comunitarios de apoyo.

Durante la campaña electoral también se registraron incidentes preocupantes. Las organizaciones Terra de Direitos y Justicia Global registraron 134 casos de amenazas y violencia contra candidatos y políticos de varios partidos durante los primeros 50 días de campaña electoral.

La prensa también informó que Meta, la empresa que opera Facebook, Instagram y WhatsApp, restringió algunos contenidos y funciones que promovían la candidatura de Lula en la recta final de las elecciones. Meta afirmó haber experimentado problemas técnicos, pero sostuvo que no favoreció a un candidato en detrimento de otro. El Tribunal Superior Electoral ordenó que Meta tomara medidas para garantizar la igualdad de trato a los candidatos.

El Consejo Asesor de Contenido de Meta-un organismo externo con capacidad para revisar las decisiones de moderación de Meta y que brinda orientaciones no vinculantes sobre las políticas de las plataformas-expresó su preocupación por las fallas recurrentes en la aplicación de las medidas de Meta para proteger la integridad electoral. En particular, señaló la "falla" que afectó la campaña de Lula.

"El presidente Lula, quien no podrá aspirar a la reelección en 2030, tiene la oportunidad de dejar una huella duradera en el país si impulsa soluciones a problemas históricos que contribuyan de manera concreta a proteger los derechos y las libertades de todas las personas en Brasil", dijo Muñoz.