La Corte Constitucional de Colombia y la OIT establecen alianza para promover las Normas Internacionales del Trabajo

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La Corte Constitucional y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmaron este viernes, 20 de febrero, un memorando de entendimiento en una fecha emblemática para la OIT, cuya misión fundacional sostiene que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Este hito reafirma el compromiso institucional conjunto con la protección de los derechos laborales y con el fortalecimiento del Estado social de derecho.

En este contexto, profundizar el diálogo entre el sistema internacional de normas del trabajo y la jurisdicción constitucional resulta clave para traducir principios en decisiones judiciales que protejan la dignidad humana y promuevan el desarrollo sostenible en el mundo del trabajo.

El Memorando establece una cooperación interinstitucional de carácter programático que permitirá avanzar en acciones de formación y capacitación en Normas Internacionales del Trabajo y el intercambio de experiencias con otros órganos judiciales de América Latina sobre su aplicación en el ámbito constitucional.

Este memorando reafirma la importancia de las Normas Internacionales del Trabajo como brújula en tiempos de transformación laboral. El sistema normativo de la OIT, con más de un siglo de historia, continúa siendo un instrumento esencial para garantizar justicia social, incluso frente a fenómenos emergentes como la digitalización, el trabajo en plataformas, la transición justa y las nuevas formas de empleo. Los jueces y magistrados constitucionales cumplen un papel central: a través de sus decisiones, contribuyen a hacer efectivos los principios internacionales en el ámbito interno, fortaleciendo la confianza en la justicia laboral. Como OIT, reiteramos nuestro compromiso de acompañar al país y a la región andina en la promoción, aplicación y enseñanza de las NIT, base del trabajo decente".
Italo Cardona, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos

Por su parte, la presidenta de la Corte, magistrada Meneses Mosquera, destacó que este acuerdo constituye un mecanismo de diálogo técnico que facilita el intercambio de conocimiento sobre normas y principios internacionales del trabajo. En el marco del artículo 93 de la Constitución Política, el memorando promueve una reflexión informada sobre la interacción entre el derecho interno y los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

Es crucial en este momento tender puentes de cooperación; generar espacios de conversación, de intercambio técnico de alto nivel y de aprendizaje mutuo que permitan compartir conocimientos, experiencias y estrategias para avanzar en la justicia social, a través de la mejor interpretación de las fuentes normativas nacionales e internacionales, con el objeto de que nuestra actividad repercuta en la vida de todas las personas
Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional

Con esta alianza, la OIT y la Corte Constitucional reafirman que la justicia social no es un enunciado abstracto, sino una práctica concreta que se construye a través de cooperación técnica, instituciones sólidas y el respeto efectivo de los derechos laborales como parte integral de los derechos humanos.

¿Qué son las Normas Internacionales del Trabajo y por qué son clave para la justicia social?

Las Normas Internacionales del Trabajo son instrumentos jurídicos adoptados en la Conferencia Internacional del Trabajo, por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores), que establecen principios y derechos básicos en materia laboral. Estas normas se dividen en convenios (o protocolos) que son tratados internacionales jurídicamente vinculantes abiertos a la ratificación de los Estados Miembros de la OIT o en recomendaciones que actúan como directrices no vinculantes.

Los convenios se clasifican en fundamentales, de gobernanza o técnicos. Los fundamentales establecen principios y derechos fundamentales en el trabajo, tales como la libertad de asociación y la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, así como el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable.

Los convenios de gobernanza son estratégicos para el funcionamiento del sistema normativo, mientras que los convenios técnicos abordan materias específicas como la protección de la maternidad o la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, entre otros.

En Colombia, las 50 Normas Internacionales del Trabajo en vigor tienen una especial relevancia en el ordenamiento jurídico. De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, determinados tratados internacionales de derechos humanos pueden integrarse al bloque de constitucionalidad. En este marco, su consideración por parte de la Corte Constitucional contribuye a fortalecer la coherencia entre el derecho interno y los compromisos internacionales, y a consolidar la justicia social como acceso efectivo al trabajo decente y al desarrollo sostenible.