Inteligencia plantea delimitar competencias y controles para el uso de tecnología en cárceles

Viernes, 18 de septiembre del 2026 - 11:09 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Seguridad Integral, en modalidad virtual, avanza en el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones No Autorizadas desde Centros de Privación de Libertad. En este marco, recibió observaciones del Centro Nacional de Inteligencia orientadas a fortalecer la seguridad y prevenir el uso ilegal de estos servicios en las cárceles, mediante una coordinación institucional efectiva, competencias claras y el uso de tecnología conforme a la ley.

Su delegada, Daniela Miño, planteó articular las actividades de inteligencia penitenciaria con el Sistema Nacional de Inteligencia y establecer una disposición expresa que garantice su aplicación conforme a la Ley Orgánica de Inteligencia. Asimismo, propuso definir lineamientos para su desarrollo, a fin de evitar la superposición de atribuciones y garantizar la seguridad jurídica

También señaló la necesidad de definir las competencias de las instituciones que intervienen en la regulación de las telecomunicaciones, la gestión penitenciaria, la investigación penal y la inteligencia. En este sentido, consideró necesario establecer con claridad las autoridades facultadas para disponer, autorizar y ejecutar las medidas previstas en el proyecto.

En cuanto a las herramientas tecnológicas, recomendó establecer condiciones para el uso de mecanismos de inhibición selectiva de señales, sistemas de acceso gestionado, captura de identificadores de abonados y equipos, geolocalización y monitoreo técnico. Para ello, formuló determinar la autoridad competente, los supuestos legales que habiliten su utilización, así como la finalidad y los límites del tratamiento de la información y los mecanismos de autorización, control y salvaguarda.

Miño enfatizó, además, en la necesidad de salvaguardar las comunicaciones constitucionalmente y legalmente protegidas, así como los derechos de terceras personas ajenas a actividades ilícitas que se pretenden combatir. Finalmente, recomendó revisar las referencias institucionales de la iniciativa y establecer con claridad las responsabilidades para su implementación, a fin de prevenir conflictos de competencias, duplicidad operativa u obligaciones no previstas expresamente en la normativa.

Los aportes del Centro Nacional de Inteligencia serán considerados por la mesa legislativa durante el proceso de construcción de la normativa.

JC