El Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo de 2026 aprobó, a través de un real decreto ley, un plan integral frente a la crisis iniciada el 28 de febrero con la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán y la respuesta de este. Además de las víctimas civiles y militares, el conflicto ha causado la caída generalizada de las bolsas, la disrupción del tráfico aéreo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito del gas y el petróleo. Desde entonces, los mercados energéticos presentan una gran volatilidad y precios superiores a los previos a la crisis, lo que está elevando la inflación y los costes energéticos para hogares y empresas. Los efectos son más intensos en las familias con menor capacidad económica y en los sectores productivos más expuestos a esos costes.

Tras el Consejo de Ministros extraordinario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó que las 80 medidas incluidas en el plan movilizan más de 5.000 millones de euros y benefician a los 20 millones de hogares y los 3 millones de empresas de España. El jefe del Ejecutivo remarcó, asimismo, que las medidas estarán vigentes "el tiempo que sea necesario" y que se ampliarán si la gravedad de la crisis se acentúa. Las medidas se estructuran en dos ejes: uno coyuntural, para amortiguar de manera inmediata el impacto de la guerra sobre las empresas y los hogares, y otro estructural, destinado a acelerar la electrificación y el despliegue de las energías renovables y reducir así la dependencia de los combustibles fósiles.

El texto se publicó el 21 de marzo en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor al día siguiente. El día 26 de ese mes, el Pleno del Congreso convalidó la norma.

Rebaja en los impuestos de los combustibles y la factura de la luz

Para contrarrestar el incremento del precio de las materias primas, el plan reduce de manera temporal la fiscalidad energética:

• Bajada del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets'.
• Reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como el gasóleo o la gasolina sin plomo, hasta el nivel mínimo permitido por la directiva europea. Junto a la bajada del IVA, esto supone una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante, es decir, unos 20 euros de ahorro por depósito para un automóvil medio. En este ámbito, se refuerza además la supervisión del mercado de carburantes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

• Reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5% al 0,5%, el tipo mínimo fijado por la Unión Europea, y suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (que era del 7%).

Además, se congela el precio máximo de venta del butano y el propano.

Dadas las peculiaridades del régimen fiscal de Canarias, el Gobierno ha acordado con el Ejecutivo canario compensar las medidas que este adopte con relación a los impuestos que solo se aplican en el archipiélago.

Ayudas para el gasóleo profesional y los fertilizantes

Para apoyar a los sectores productivos más afectados por la crisis, el plan establece una ayuda dirigida a los profesionales, ya sean personas físicas o jurídicas, que usen el gasóleo en el desarrollo de su actividad, como son los transportistas, los agricultores, los ganaderos y los pescadores. La ayuda, de 20 céntimos por cada litro de gasóleo empleado, se abona por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en el País Vasco y Navarra.

Además, el plan incluye una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, uno de los productos que más se han encarecido debido al conflicto bélico. No beneficiará solamente a los agricultores que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC), sino a todos los que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias.

Otras ayudas para la agricultura, la pesca y el transporte

El real decreto ley del 20 de marzo incluye otros apoyos específicos para los sectores más perjudicados por el alza de precios, entre ellos:

• Ampliación de la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero que se habilitó tras la invasión rusa de Ucrania.
• Ayuda compensatoria para la flota pesquera.
• Exención de la tasa sobre pesca fresca.
• Ayudas directas para servicios de transporte marítimo regular de pasajeros.

En el ámbito del transporte, el Consejo de Ministros del 14 de abril aprobó nuevas medidas para proteger a este sector del impacto de la guerra y asegurar el funcionamiento de la cadena logística, con tres ejes:

• Sector del transporte de mercancías por carretera: la norma consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando varíe el precio del combustible.
• Transporte ferroviario de mercancías: se establece una línea de ayudas directas destinadas a compensar el sobrecoste del combustible en las locomotoras diésel.
• Transporte marítimo: se amplían las ayudas para incluir expresamente a los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos balear y canario y de Ceuta y Melilla, y entre puertos de los archipiélagos.

Escudo energético para los hogares y la industria

• Extensión para todo el año 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico: el descuento en la factura eléctrica para los consumidores domésticos considerados vulnerables será del 42,5%, un porcentaje que se eleva al 57,5% en el caso de los vulnerables severos.
• Incremento a 50 euros de la ayuda mínima del bono social térmico (destinado a que los consumidores vulnerables paguen los gastos de calefacción, agua caliente y cocina).
• Prohibición del corte de los suministros básicos -energía y agua- a los hogares vulnerables.
• Bonificación en un 80% de los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva.
• Flexibilización por ley de los contratos de suministro energético para permitir que tanto las empresas como los autónomos puedan adaptar sus condiciones con mayor facilidad y sin costes adicionales.

Protección de los trabajadores

El plan incluye un capítulo específico de medidas para proteger el empleo y reforzar la protección social:

• Las empresas beneficiarias de las ayudas no podrán despedir por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2026.
• Ante el incremento en los costes de la movilidad, se adelanta en doce meses -al 5 de diciembre de 2026- la entrada en vigor de la obligación de que las empresas y las entidades pertenecientes al sector público cuenten con planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros con más de 200 personas trabajadoras (o 100 por turno). Estos planes deben incluir medidas que impulsen la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, compartida o colaborativa, y medidas transversales como el teletrabajo.

Medidas estructurales para acelerar la transición energética

Un segundo eje del plan integral se compone de medidas de carácter estratégico para reducir el impacto de las crisis externas y avanzar hacia la soberanía energética a través de la descarbonización, la electrificación de los hogares y de la economía y el despliegue de las energías renovables.

Varias de estas medidas son de carácter tributario:

• Deducción de hasta el 15% en el IRPF para quienes adquieran un medio de transporte eléctrico "enchufable" y de pila de combustible.
• Recuperación de las deducciones en el IRPF para los contribuyentes que realicen reformas de rehabilitación de viviendas o edificios que reduzcan la demanda de calefacción o refrigeración. Entre los años 2021 y 2024, estas deducciones beneficiaron a más de 290.000 personas, con un beneficio medio de 1.918 euros.
• Libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética durante 2026. Esta medida está orientada a la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos y a la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio que utilicen energía procedente de fuentes renovables.
• Habilitación a las entidades locales para que bonifiquen hasta en un 50% el IBI a quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o la energía ambiente. Además, se recoge una bonificación de hasta el 95% a favor de las obras y las instalaciones que incorporen sistemas para un mayor beneficio térmico o eléctrico de esas energías.

El plan incorpora otras iniciativas de carácter estructural para acelerar la transición energética de manera ordenada y garantizando el respeto a los valores ambientales, sociales y territoriales; entre ellas destacan:

• Refuerzo del autoconsumo: la distancia máxima entre la generación y el consumo se eleva de 2 a 5 kilómetros, y se habilita a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.
• Incremento de la capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante baterías y la declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico.
• Impulso de las energías renovables atendiendo a criterios de integración social y territorial.