Paraguay: la FIP y la FEPALC rechazan el hostigamiento contra la prensa y exige investigar el uso de recursos públicos en ataques digitales a periodistas

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) respaldan la denuncia realizada por el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) ante la revelación de una estructura sistemática de ataques digitales orientada a amedrentar, hostigar y desacreditar a trabajadores y trabajadoras de prensa en el país.

Gustavo Villate. Crédito: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

La investigación periodística "La Red Desinformante" expuso indicios que vinculan de forma directa a sectores del Poder Ejecutivo paraguayo con campañas coordinadas en entornos digitales contra periodistas y medios de comunicación. El uso del aparato estatal y de los entornos digitales para perseguir o intimidar a quienes cumplen una función esencial de control democrático representa un grave retroceso institucional y un mecanismo de censura indirecta que resulta incompatible con las garantías de un Estado de derecho.

En un comunicado, el SPP expresó: "Las últimas investigaciones periodísticas sobre la vinculación del Gobierno y, particularmente, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) con una estructura dedicada a atacar y desacreditar a trabajadores y trabajadoras de prensa y a medios de comunicación, presuntamente financiada con recursos públicos, constituyen un hecho de extrema gravedad y un motivo suficiente para exigir la destitución del ministro Gustavo Villate".

Tal como lo expresa el comunicado de nuestra organización afiliada, la gravedad de este escenario se incrementa ante las sospechas de que esta maquinaria de hostigamiento y desinformación digital habría sido sostenida mediante la malversación de recursos públicos.

Ante esta situación, la FIP y la FEPALC junto al SPP exigen al Ministerio Público paraguayo que actúe con celeridad para desmantelar estas estructuras y asegurar que los funcionarios o actores involucrados rindan cuentas ante la justicia. La inacción o la impunidad frente a agresiones de esta índole vulneran los derechos fundamentales, debilitan la democracia y violan las obligaciones internacionales que el Estado paraguayo ha suscrito en materia de protección de la libertad de expresión y de prensa.