Proyecto “Cero Impunidad” plantea nuevas herramientas contra el crimen organizado

Lunes, 07 de septiembre del 2026 - 16:48 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continúa con el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, denominado "Ley Cero Impunidad", que plantea nuevas herramientas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En esta jornada, los legisladores escucharon los criterios de especialistas en materia penal y derechos.

Marcella Da Fonte Carvalho, coordinadora académica de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas, centró su exposición en tres aspectos: el resarcimiento económico al Estado por rebajas de penas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos mediante justicia restaurativa y la suspensión de la prescripción de la pena, además de la cooperación eficaz.

Respecto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, planteó que se excluyan los casos relacionados con violencia o amenaza contra las personas.

En materia de prescripción, recomendó incorporar la suspensión del cómputo de la pena cuando la persona sentenciada se encuentre prófuga. Asimismo, analizó las disposiciones sobre cooperación eficaz, particularmente el incentivo económico para quienes colaboren con la justicia. Señaló que en otros países estos beneficios oscilan entre el 10 % y el 30 %, mientras que en Brasil e Italia se contemplan únicamente beneficios de carácter penal.

Por su parte, Francisco Vega, magíster en Justicia y Tutela de los Derechos, sostuvo que la modernización del sistema penal debe considerar el perjuicio económico ocasionado al Estado, el cual deberá ser determinado de manera clara por el juzgador.

Sobre la prescripción de la pena, precisó que esta figura procede una vez que existe una sentencia. También se refirió a la notificación de las personas investigadas y señaló que deben agotarse todos los medios disponibles para cumplir con esta diligencia.

Explicó que, si una persona se encuentra prófuga y el Estado ha realizado las acciones necesarias para localizarla y notificarla, esta circunstancia no debería impedir el inicio del proceso penal.

En cuanto a la reparación integral de las víctimas, consideró que no debería ser necesario iniciar un trámite civil adicional para hacer efectiva dicha reparación, con el propósito de garantizar una respuesta oportuna dentro del proceso penal.

La propuesta de reforma busca, además de fortalecer la desarticulación de las organizaciones delictivas, consolidar mecanismos efectivos de sanción y reparación. Entre sus principales componentes constan la recuperación de activos provenientes de delitos contra el Estado, la reparación efectiva a las víctimas y el fortalecimiento de una verdadera justicia restaurativa.

AM