Comisión de Garantías Constitucionales da seguimiento a procesos de fiscalización en los casos del Chocó Andino y del Yasuní

Viernes, 26 de septiembre del 2025 - 18:46 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Los legisladores conocieron el informe sobre la fiscalización del cumplimiento de las consultas populares del Chocó Andino y del Yasuní. El documento concluye que sus resultados son de aplicación inmediata y obligatoria para todas las autoridades, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Asimismo, señala que la Comisión ha actuado bajo los debidos estándares técnicos y jurídicos, solicitando información de manera exhaustiva.

El informe recomienda exigir el estricto cumplimiento de plazos, la entrega completa de información, la comparecencia de funcionarios y la continuidad del proceso de fiscalización.

En este contexto, con el voto unánime de los diez asambleístas presentes, la Comisión decidió insistir en los requerimientos de información y convocar a las autoridades competentes para que comparezcan respecto al cumplimiento de los resultados de las consultas populares del Chocó Andino y del Yasuní.

Comuneros afectados por derrames de petróleo en 2020 y 2022

La Comisión recibió al doctor Diego Neira, representante de los comuneros de Puerto Madero, cantón Cascales (Sucumbíos), y de otras zonas, quien denunció la vulneración de sus derechos al agua, a un ambiente sano y a la salud, debido a los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto de Crudos Pesados en 2020 y 2022.

Señaló que en los últimos 20 años se han producido entre cinco y seis derrames graves por rotura de oleoductos, generando contaminación persistente, daños a la salud y predios degradados por erosión. Destacó la necesidad de la reparación económica determinada por el Tribunal Contencioso Administrativo y subrayó que los afectados solicitan atención urgente, restauración de la naturaleza y celeridad en el trámite de su denuncia, presentada hace varios años.

Tras la moción de la vicepresidenta de la Comisión, Verónica Íñiguez, se resolvió iniciar la fiscalización, solicitar información al Ministerio de Ambiente y Energía y exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso. La resolución contó con el respaldo unánime de los diez asambleístas presentes.

Pacientes renales

Finalmente, la Comisión escuchó el testimonio de Kevin Valdez, paciente renal, quien enfatizó que la suspensión de los tratamientos de diálisis pone en riesgo su vida. Expuso: "El Estado y el IESS deben garantizar la continuidad del tratamiento, además de la transparencia en los procesos". Recalcó también la urgencia de contar con insumos y la continuidad de los tratamientos.

La asambleísta Eliana Correa subrayó que si los pacientes no son atendidos a tiempo la situación se puede agravar. Comps Córdova, tras demandar la atención oportuna de quienes viven y padecen una enfermedad catastrófica, planteó el inicio de la fiscalización y la comparecencia de varias autoridades vinculadas con el tema, moción que fue respaldada por los diez asambleístas presentes en la sesión.

RSA