OCU califica la nueva tasa de residuos de Madrid como desequilibrada e injusta

La reciente entrada en vigor en abril de la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular tenía por objeto personalizar la cuantía de la tasa de residuos según el principio de "quien contamina paga". Lamentablemente, en el caso de la ciudad de Madrid, la nueva tasa que acaba de reintroducirse está lejos de cumplir este fin. Y es que la parte variable del recibo no dependerá tanto de la cantidad de residuos que genera cada residente, ni de sus esfuerzos para separarlos correctamente, sino de los valores del barrio donde resida, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que califica la nueva tasa como desequilibrada e injusta.

Mientras que la parte fija de la tasa en Madrid tiene en cuenta el valor catastral de cada vivienda, un criterio ya presente en otras ciudades, la parte variable depende de la cantidad de residuos generados y de la calidad de la separación de cada uno de los 131 barrios de la ciudad. Un aspecto, este último, contrario al principio básico de personalización que establece la nueva Ley de Residuos, ya que obvia el esfuerzo individual de cada vecino para limitar y organizar su basura. Es más, el cálculo por barrios resulta absolutamente desequilibrado: para una vivienda con un valor catastral de 119.000 euros (el valor medio en Madrid) donde viven tres personas, el coste final de la tasa varía entre los 146 euros en los seis barrios de Moratalaz y los 331 euros en los barrios de Sol y El Plantío.

Y es que los datos facilitados por el ayuntamiento muestran unas llamativas diferencias en los residuos generados por cada residente, que varía entre los 91 kg por habitante en Vinateros y los 939 kilos por habitante en Sol… ¡hasta diez veces más! Una cifra que, según OCU, poco tiene que ver con el esfuerzo personal de los residentes y mucho con la presencia de viviendas turísticas (sin residentes empadronados) y, quizás también, con la de comercios y empresas de hostelería, negocios cuyos residuos probablemente no se diferencien de los generados por los residentes.

OCU critica el cálculo de la parte variable del recibo, no solo por considerarla injusta y desequilibrada, también porque contribuye a desincentivar la separación de residuos por parte de los madrileños, ya que cualquier esfuerzo en este sentido difícilmente se verá recompensado en una rebaja en el importe final de la tasa. De hecho, el cálculo actual excluye métodos de personalización ya aplicados en otros municipios, como la rebaja por separar correctamente los residuos en ciudades en las que el uso del contenedor de orgánicos es mediante acceso personal, el uso de los puntos limpios o la participación en programas de compostaje.

Es más, el Ayuntamiento de Madrid no ha contemplado una bajada equiparable de otras tasas, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que hasta ahora asumía el coste de este servicio. La bajada anunciada del IBI para 2025 está muy lejos de compensar el coste medio de 140 euros por vivienda apuntado por el propio equipo municipal.

OCU también critica la falta de información sobre bonificaciones y exenciones a las familias numerosas y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital o Renta Mínima de Inserción. De hecho, el ayuntamiento, ha tenido que abrir un plazo extraordinario, hasta el 15 de abril, para que estos hogares puedan identificarse y beneficiarse. Y recuerda que pueden solicitar información a través del 010.

Por último, OCU pide que, para el caso de viviendas arrendadas en Madrid, se aclare quién paga la nueva tasa. Aunque la ley aplicable se basa en el principio de pago por generación, los inquilinos podrían aducir que la tasa no estaba contemplada en el contrato previamente firmado. Y es que la LAU exige que para trasladar ciertos gastos al inquilino es necesario hacerlo expresamente por escrito y con mención del importe pagado el año anterior.

Esta información ha sido elaborada por un de equipo profesionales de OCU que, en colaboración con otras asociaciones europeas de consumidores y una red internacional de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos.

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