Comisión de Relaciones Internacionales aniliza reformas a la Ley de Movilidad Humana desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos

Miércoles, 09 de julio del 2025 - 19:26 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

"El abordaje del fenómeno migratorio revela mucho sobre la ética de un Estado y sobre su gestión de los prejuicios que recaen sobre quienes considera como los otros", dijo Arturo Moscoso, director de la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional del Ecuador, al analizar la constitucionalidad de varias reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, tratadas en la Comisión de Relaciones Internacionales.

El catedrático precisó que el Ecuador, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hasta mayo de 2025 residen en el país aproximadamente 475 mil personas venezolanas, es decir 2.5% de la población nacional. "1 de cada 40 personas en el Ecuador es migrante proveniente de Venezuela", observó.

La migración es un derecho humano, no un delito, ni una amenaza y como tal se encuentra protegida por un complejo entramado de normas internacionales que tienen jerarquía constitucional en el Ecuador, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otras, que establecen que la migración irregular no puede ser criminalizada, sostuvo.

Asimismo, puntualizó que cualquier reforma debe respetarlos, evitando mecanismos discrecionales como expulsiones colectivas, restricciones de derechos fundamentales basadas en la nacionalidad.

En líneas generales, destacó que "la clarificación de competencias institucionales de la Cancillería, la simplificación de procesos migratorios, el enfoque interseccional de género y derechos humanos, así como las reformas que crean mecanismos diferenciados para niños, niñas y adolescentes migrantes, mujeres en riesgo, personas con discapacidad o víctimas de violencia, respetan este marco normativo internacional".

Por otra parte, existen reformas que son incompatibles con la Constitución "como la criminalización de la migración irregular, así como el condicionamiento de derechos a quienes no tienen visa y las expulsiones automáticas, o sin control judicial, contravienen el debido proceso y los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador"

Por último, aseveró que el Estado ecuatoriano se expone a acciones de inconstitucionalidad, litigios internacionales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y un impacto reputacional negativo si da paso a las reformas que contravienen los derechos humanos.

Finalmente, la legisladora Lucía Jaramillo, quien preside esta comisión sostuvo que es importante identificar posibles vicios de inconstitucionalidad en las reformas estudiadas y contenidas en el proyecto unificado, por lo que continuarán escuchando voces con experiencia en la temática.

CV