Ante actos de violencia, exclusión de electores y omisiones institucionales, la Misión Especial de la OEA en Guatemala exhorta a las autoridades del Estado a impedir la[...]

Comunicado de Prensa

Ante actos de violencia, exclusión de electores y omisiones institucionales, la Misión Especial de la OEA en Guatemala exhorta a las autoridades del Estado a impedir la consumación de un proceso viciado en la USAC

En seguimiento a sus comunicados de los días 28 y 31 de marzo de 2026, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala manifiesta su grave preocupación por la escalada de hechos que amenazan con comprometer irreversiblemente la legalidad, legitimidad y seguridad de la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), prevista para mañana 8 de abril.

A menos de veinticuatro horas de la integración del Cuerpo Electoral Universitario (CEU), la Misión ha sido informada que:
a) personas encapuchadas portando palos, bates e instrumentos contundentes mantienen tomado el Campus Central, impidiendo el ingreso de estudiantes, docentes, trabajadores, con al menos una estudiante herida, configurando un clima de intimidación incompatible con el derecho de participación y con los principios de la vida universitaria;
b) de 34 cuerpos electorales, solo 8 han sido acreditados por el CSU -al menos 6 afines a la actual administración-, mientras 21 cuerpos ganados por opositores permanecen excluidos con argumentos que diversos sectores califican como meros pretextos;
c) múltiples amparos sobre la integración del Consejo Superior Universitario y la acreditación de electores siguen sin resolverse;
y d) la sede fuera del Campus Central de la USAC, en el Hotel Museo Casa Santo Domingo en Antigua Guatemala, genera preocupaciones sobre el acceso de electores, observadores y prensa.

A la luz de la gravedad de estos hechos y de la inminencia de la jornada electoral, la Misión formula los siguientes exhortos con carácter de urgencia:

• Al Poder Ejecutivo: La autonomía universitaria (artículo 82 de la Constitución Política de la República) es una garantía institucional diseñada para proteger la libertad académica, la libre organización interna y el gobierno propio de la universidad, y no puede ser invocada como justificación para la omisión del Estado ante la comisión de hechos delictivos, actos de violencia o la vulneración de derechos fundamentales dentro del recinto universitario. La autonomía protege a la universidad de la injerencia indebida del poder político, pero no crea un espacio de impunidad ni exime al Estado de su obligación constitucional de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas. De esa cuenta, la Misión exhorta al Ejecutivo a: i) disponer medidas de seguridad adecuadas e inmediatas para electores, candidatos, observadores y periodistas antes, durante y después de la jornada; y ii) actuar con determinación ante los reportes de personas armadas, grupos de choque con el rostro cubierto y actos de violencia física dentro y en los alrededores de las instalaciones universitarias, ejerciendo para ello de manera razonable y proporcional las competencias que la Constitución y las leyes le confieren en materia de orden público. La autonomía universitaria no puede ser esgrimida como pretexto para la inacción frente a conductas delictivas que afectan a los miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad en general.
• Al Procurador de los Derechos Humanos: Insta al Procurador de los Derechos Humanos a ejercer plenamente sus atribuciones constitucionales, contenidas en los artículos 273 a 275 de la Constitución, para investigar y denunciar las lesiones a derechos humanos que están ocurriendo en el contexto de este proceso de elección universitaria, incluyendo la agresión física contra estudiantes, los actos de intimidación, las amenazas y las restricciones al derecho de participación política de los 170 electores que conforman el CEU. Asimismo, le exhorta a tutelar el derecho de elegir y ser electo de las y los integrantes de los cuerpos electorales que fueron válidamente designados mediante elecciones internas y que permanecen excluidos del proceso sin justificación suficiente. La Procuraduría de los Derechos Humanos tiene la facultad de interponer acciones constitucionales de exhibición personal y de amparo; y la gravedad del momento exige que estas herramientas sean utilizadas con oportunidad y determinación.
• A la Corte de Constitucionalidad, Salas de Apelaciones y Juzgados: Exhorta a los órganos judiciales que conocen de las acciones de amparo y los recursos constitucionales relativos a la integración del Consejo Superior Universitario (CSU) y a la juramentación y acreditación de los cuerpos electorales, a resolverlos con la celeridad que exige la urgencia del caso, dando prevalencia a la protección de los derechos fundamentales de participación, expresión, igualdad y debido proceso. Si la resolución oportuna de estos recursos no fuera materialmente posible antes de la jornada del 8 de abril, la Misión considera indispensable que los tribunales competentes atiendan con la máxima diligencia y prontitud las acciones constitucionales que buscan la recalendarización de la elección, a efecto de impedir que un proceso viciado de nulidad en su origen, produzca efectos jurídicos irreversibles.
• Al Consejo Superior Universitario: Reitera su exhorto a que la acreditación de los cuerpos electorales pendientes se realice de manera inmediata, con criterios uniformes, objetivos, no discriminatorios y debidamente fundamentados. El CSU no puede, sin comprometer la legitimidad del proceso, proceder a una elección con una fracción minoritaria del Cuerpo Electoral Universitario que fue elegida en condiciones que amplios sectores cuestionan motivadamente como parciales. La Misión advierte que una elección realizada bajo estas condiciones profundizará la crisis institucional de la USAC, generará nuevas controversias judiciales y comprometerá la credibilidad de las decisiones que la universidad adopte en los procesos institucionales del país, que dependen de su participación legítima.

La Misión recuerda que la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad pública del país, que su mandato constitucional trasciende la esfera académica y que su participación legítima en los procesos institucionales del Estado es condición para la credibilidad del conjunto del sistema democrático guatemalteco. Lo que ocurra mañana no solo definirá el futuro de la institución durante los próximos años, sino que enviará una señal inequívoca sobre la capacidad del Estado y de la sociedad guatemalteca para defender sus instituciones democráticas.

Referencia: C-041/26