Informe de resultados del Consejo de Gabinete, martes 16 de junio

Aprueban proyecto que modifica el marco regulatorio del servicio público de electricidad en favor de los consumidores

Atendiendo las reiteradas preocupaciones de los clientes del servicio público de electricidad, el Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley 10-26, que introduce modificaciones puntuales al Texto Único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el marco regulatorio actual y revertir el desmejoramiento sistemático en la calidad del suministro eléctrico.

El proyecto detalla que, durante las últimas décadas, los clientes han enfrentado constantes incidencias como fluctuaciones de voltaje e interrupciones frecuentes del servicio, lo que ha provocado daños en equipos y artefactos eléctricos. En respuesta a esta realidad, el Ejecutivo refuerza, mediante esta iniciativa legislativa, tanto el régimen de derechos de los usuarios como las obligaciones de las empresas distribuidoras, incorporando además disposiciones orientadas a garantizar una mayor transparencia en la información suministrada a los clientes.

Las modificaciones incluyen plazos definidos para la atención de reclamos, el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras, y herramientas regulatorias que permitirán una supervisión más efectiva por parte de la autoridad reguladora. Todas estas medidas procuran equilibrar la relación entre los prestadores del servicio y los usuarios.
Asimismo, dispone que las multas impuestas a las empresas se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado.
La iniciativa también prepara las condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución en 2028, y refuerza las reglas de calidad y continuidad del servicio, de manera que el sistema pueda prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones.

En materia de acceso, suma la participación de las distribuidoras a la labor de la Oficina de Electrificación Rural (OER), para llevar el servicio a las comunidades de más difícil y costoso acceso.

Con el aval del Gabinete, la propuesta pasa a la Asamblea Nacional, donde se someterá a discusión y aprobación.

La Secretaría Nacional de Energia reafirma su compromiso de modificar el marco eléctrico del país con reglas claras, en favor de un mejor servicio y de una tarifa que refleje el costo real para los panameños.

Autorizan recursos adicionales para cubrir pólizas de los bomberos

A través de la Resolución N.64-26, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario de B/.3,107,375.00 a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, correspondiente al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

Este crédito tiene como objetivo proveer a la entidad de los recursos necesarios para cubrir las obligaciones económicas de la Póliza Colectiva de Vida, Salud y Salud Internacional contratada con Assa Compañía de Seguros S. A., para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

La resolución detalla que la fuente de financiamiento será el Saldo Caja y Banco, recursos que están depositados en la cuenta de fideicomiso en la Caja de Ahorros. Esta solicitud de crédito adicional cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Igualmente, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que, en nombre y representación del Consejo de Gabinete, someta a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la presente resolución para su aprobación, y el posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.

Autorizan al MOP a suscribir adenda que modifica modalidad de pago en obra vial Santiago-David

El Consejo de Gabinete aprobó la resolución 66-26, que autoriza al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a suscribir la adenda 1 para el proyecto vial "Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana, tramo Santiago-David", por medio de la cual se modifica la modalidad de pago de "avance de obra" a "llave en mano", que incluirá financiamiento.

Mediante la Resolución de Gabinete N° 18 del 25 de febrero de 2025, se autorizó el procedimiento excepcional para esta obra vial desarrollada por el Consorcio Interamericana Oeste, sin embargo, buscando la estrategia de consolidación fiscal se efectuó una revisión integral de la cartera de inversión del MOP que dio como resultado la modificación a la forma de pago original por avances de obras, pasando a estructurarse bajo la modalidad llave en mano.

Con la modificación, la contratación queda por la suma de B/.66,379,379.80.

La resolución resalta que esta programación contó con la anuencia de la Dirección de Planificación y Presupuesto del MOP, la Secretaría de Metas Presidenciales, la Dirección de Presupuesto de la Nación y la Dirección de Financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), instancias que acordaron esta nueva programación de pagos a fin de priorizar proyectos en un marco de disciplina fiscal.

Aprueban proyecto de ley para suscribirse al Convenio Internacional del Cacao 2026

El Consejo de Gabinete dio paso positivo al Proyecto de Ley 21-26, que aprueba el Convenio Internacional del Cacao 2026, hecho en Ginebra el 13 de febrero 2026 y que da continuidad a la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés), creada por el Convenio Internacional del Cacao de 1973.

Entre sus principales objetivos figuran promover la cooperación internacional en la economía mundial del cacao, facilitar un marco apropiado para el debate de todos los temas relacionados con el cacao entre los Gobiernos y con el sector privado, así como contribuir al fortalecimiento de las economías cacaoteras nacionales de los países miembros, mediante la preparación, el desarrollo y la evaluación de proyectos apropiados.

También se busca lograr ingresos dignos para los productores de cacao, mediante la obtención de precios justos que aseguren un rendimiento económico equitativo tanto para los productores como para los consumidores dentro de la cadena de valor de este rubro, y contribuir al desarrollo equilibrado de la economía mundial del cacao en interés de todos los miembros.

El proyecto resalta que el sector cacaotero constituye un rubro estratégico para el desarrollo rural del país, especialmente en regiones como Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y la provincia de Colón, donde miles de pequeños productores dependen de esta actividad para su sustento bajo sistemas productivos que además contribuyen a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible.

Además, la participación de Panamá como miembro pleno permitirá ampliar su visibilidad internacional, fortalecerá su posicionamiento institucional y promoverá la calidad del cacao panameño en mercados especializados. De esta manera, contribuye a la generación de mayores ingresos y al desarrollo de una cadena de valor más competitiva y diversificada.

La iniciativa legislativa será llevada a la Asamblea Nacional y su aprobación, así como la incorporación plena de la República de Panamá a la Organización ICCO, fortalecerá el sector cacaotero nacional, y responde a la necesidad de posicionar estratégicamente a Panamá en el mercado internacional del cacao, particularmente mediante el reconocimiento como productor de cacao fino y de aroma, condición que depende de los mecanismos de evaluación de la ICCO, referencia global para dicha clasificación.

Esta adhesión igualmente permite a nuestro país integrarse plenamente en los procesos de toma de decisiones internacionales sobre la cadena de valor del cacao, así como acceder a asistencia técnica especializada, estudios, estadísticas y programas de cooperación gestionados por la ICCO.

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