Seguridad aprueba informe para segundo debate de reforma que sanciona el uso delictivo de uniformes e insignias

Jueves, 04 de junio del 2026 - 19:08 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó, con siete votos afirmativos, el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, unificado con el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para Proteger el Uso Legítimo de Uniformes e Insignias Institucionales.

En su análisis, la comisión destaca que la evolución de la criminalidad organizada en Ecuador evidencia que determinadas conductas relacionadas con el uso fraudulento de uniformes y elementos institucionales de seguridad han alcanzado niveles de complejidad y lesividad que superan el ámbito de protección previsto en la normativa vigente.

Según el organismo legislativo, las estructuras criminales utilizan prendas, insignias y distintivos asociados a entidades estatales de seguridad y control no solo como mecanismos de simulación u ocultamiento, sino también como instrumentos destinados a generar una apariencia de legitimidad ante la ciudadanía y facilitar la comisión de delitos.

La mesa legislativa concluye que el proyecto constituye una respuesta jurídica necesaria y proporcional frente a modalidades delictivas que han superado el tratamiento contemplado en el marco normativo actual. En particular, señala que el uso fraudulento de elementos vinculados a funciones de seguridad ha dejado de ser un hecho aislado o accesorio para convertirse en un mecanismo de facilitación criminal con incidencia directa en la seguridad pública.

Asimismo, determina que mantiene coherencia con los principios constitucionales de proporcionalidad y mínima intervención penal, al establecer una respuesta específica frente a conductas cuya gravedad y lesividad exceden los mecanismos previstos en la legislación vigente. Además, incorpora medidas preventivas, administrativas y de trazabilidad que fortalecen la capacidad institucional del Estado para prevenir el uso ilícito de estos elementos y reforzar los mecanismos de control y supervisión sobre su circulación y manejo.

El proyecto consta de 20 artículos que reforman el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica de Comunicación, la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Además, incluye seis disposiciones generales, ocho disposiciones transitorias y una disposición derogatoria del artículo 296 del COIP.

EG