El Gobierno asigna 304 millones a los Ayuntamientos para que abonen sus deudas pendientes con proveedores

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

El Ejecutivo, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha aprobado la asignación para 2026 de los importes necesarios para atender las obligaciones pendientes de pago de determinadas Entidades Locales con sus proveedores, por un total de 304 millones de euros.

El acuerdo aprobado contempla los requisitos necesarios para acogerse a esta medida, el procedimiento aplicable y la asignación que tendrá este Mecanismo de Pago a Proveedores (MPP).

Dicho mecanismo consistirá en la suscripción de préstamos que irán con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, como ya se ha hecho en anteriores ejercicios, por un importe total máximo de 304 millones de euros.

El Gobierno siempre ha mostrado su compromiso con la suficiencia financiera de las Entidades Locales y con la reducción del periodo medio de pago a proveedores y ha puesto en marcha en los últimos años diversos mecanismos para afrontar las diversas situaciones financieras de estas administraciones, que también se vieron afectadas por la crisis derivada de la COVID-19 y de la invasión de Ucrania.

Esas medidas han permitido que recientemente la Comisión Europea comunicara al Ministerio de Hacienda que ha cerrado el procedimiento de infracción abierto a España tras constatar una mejora en los plazos de pago a proveedores en el conjunto de las administraciones. Ese expediente estaba abierto desde 2015 por incumplimiento de la Directiva de Morosidad en Operaciones Comerciales.

Por otra parte, el pasado 2 de febrero de 2026 la CDGAE autorizó la distribución ordinaria de las necesidades financieras de los Ayuntamientos para 2026, con cargo al citado Fondo de Financiación a Entidades Locales, así como la financiación de las deudas de determinados municipios con los acreedores públicos, por un importe máximo de 360 millones de euros.

El Mecanismo

El Mecanismo de Pago a Proveedores aprobado este lunes vuelve a contemplar un régimen voluntario y otro obligatorio a la hora de financiar las obligaciones pendientes de pago de determinadas Entidades Locales con sus proveedores.

Así, los municipios que presenten de manera reiterada en los últimos trimestres un Periodo Medio de Pago superior a 60 días, y cuya mejora de datos tenga un mayor impacto en la reducción del PMP global del subsector, estarán obligados a acogerse al mecanismo, mientras que a otro grupo de entidades se les ofrece la posibilidad de acogerse a la medida de manera voluntaria. En total, sumando las entidades que están obligadas a acogerse y las que podrían acogerse voluntariamente, el número de Ayuntamientos beneficiarios ascendería a 206.

En el caso de las entidades que se deben acoger de manera obligatoria, el mecanismo afectaría a 26 Ayuntamientos por un importe máximo a financiar de 206,5 millones de euros.

En este supuesto, se atenderán las obligaciones pendientes de pago que los Ayuntamientos comuniquen a través de la plataforma disponible en la Agencia Tributaria. Además, los proveedores afectados podrán aceptar el cobro mediante ese procedimiento, renunciando a la percepción de intereses y otros conceptos. En el caso de que no acepten acogerse a este procedimiento, seguirán manteniendo sus derechos de cobro, si bien no podrán ser cubiertos por el Fondo de Financiación a Entidades Locales y serán atendidos por los propios medios de los Ayuntamientos.

Con posterioridad a esa comunicación, los Ayuntamientos podrán formalizar un préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, siempre que aprueben un plan de ajuste, que deberá contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Esa formalización de préstamos se realizará con la fecha límite de 29 de julio de 2026.

Adhesión voluntaria

En cuanto a las Entidades Locales que pueden solicitar de manera voluntaria la financiación de sus facturas pendientes de pago con proveedores, en ese caso se podrán adherir aquellas que hayan registrado un incremento puntual del PMP en el último trimestre de 2025, hasta superar los 90 días.

En esta ocasión, se cifra en 180 las Entidades Locales que podrían solicitar acogerse a la medida, por un máximo total de 97,6 millones de euros.

En el caso de los Ayuntamientos que se pueden adherir voluntariamente también deberán presentar un plan de ajuste con valoración favorable del Ministerio de Hacienda, para formalizar un préstamo con el Fondo de Financiación. A continuación, deberán facilitar información de las obligaciones pendientes de pago en la plataforma de la Agencia Tributaria.

También en este supuesto los proveedores podrán aceptar que se les abonen las facturas pendientes mediante ese mecanismo, en los mismos términos antes citados. En este caso, las órdenes de pago a los proveedores que acepten este procedimiento de cobro deberán aprobarse con el límite de 25 de septiembre de 2026.

Condiciones financieras

El acuerdo aprobado por la CDGAE también contempla las condiciones financieras, que establece que no se aplicará periodo de carencia alguno. Además, el periodo de amortización comenzará en octubre de 2027 hasta octubre de 2041, ambos inclusive.

Este mecanismo se ha puesto en marcha desde hace varios años para conseguir un pago a los proveedores de las Entidades Locales más ágil y lograr cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas de los Ayuntamientos que tengan un plazo de pago a proveedores superior a los 30 días, el máximo establecido por ley.

Entidades Locales afectadas por las inundaciones de inicios de año

Asimismo, en este acuerdo de la CDGAE se ha aprobado además destinar 500 millones de euros del Fondo de Financiación a Entidades Locales para atender necesidades extraordinarias derivadas de actuaciones que realicen los Ayuntamientos para paliar los efectos de las inundaciones registradas a inicios de año en Andalucía y Extremadura, en aplicación del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero.

En concreto, las cantidades que se asignen con cargo al compartimento Fondo de Ordenación del citado Fondo de Financiación podrán financiar gastos corrientes y de capital que se deriven de las actuaciones que realicen los municipios para paliar los efectos de los temporales.

Asimismo, los importes que se asignen al Fondo de Impulso Económico podrán financiar proyectos de inversión necesarios para paliar los efectos de la catástrofe.

El procedimiento se iniciará con la presentación de solicitudes por parte de las Entidades Locales, que no podrán incluir actuaciones o inversiones que estén financiadas por otras vías, con el fin de evitar una doble financiación.

Esta medida reitera el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Entidades Locales, con medidas tanto de carácter ordinario como medidas extraordinarias y adicionales para hacer frente tanto a los problemas financieros que puedan tener los consistorios como a circunstancias excepcionales. Es el caso de diversas inclemencias meteorológicas, como la DANA o la sucesión de borrascas.