Expertos analizaron normativa sobre extradición y cumplimiento de estándares de derechos humanos

Jueves, 26 de marzo del 2026 - 17:42 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió los aportes de los expertos Miguel Olmedo, doctor en Derecho por la Universidad de Granada, y Santiago Ortega, magíster en Administración y Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Ica, quienes analizaron el proyecto de Ley Orgánica de Extradición, previo a la elaboración del informe para el segundo debate.

En este contexto, Olmedo subrayó que la valoración general del proyecto es positiva, pues cumple con los estándares internacionales en materia de extradición activa y pasiva. En cuanto al articulado, comentó el contenido del artículo 19 del proyecto, relativo a las condiciones generales para denegar la extradición pasiva, especialmente cuando se trate de delitos de carácter político.

El proyecto establece que "no serán considerados como delitos políticos los actos de terrorismo, los crímenes de lesa humanidad previstos en el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un jefe de Estado o de algún miembro de su familia. Tampoco se considerarán delitos políticos aquellos delitos comunes, aun cuando hubieren sido cometidos con una finalidad política". En este aspecto, el experto recomendó que estos criterios también se incluyan en la exposición de motivos.

Asimismo, Olmedo analizó la extradición activa, mediante la cual una autoridad jurisdiccional ecuatoriana solicita a un Estado extranjero la entrega de una persona para que sea procesada o cumpla una pena privativa de libertad; y la extradición pasiva, cuando un Estado extranjero solicita al Ecuador la entrega de una persona que se encuentra en su territorio, para su juzgamiento o cumplimiento de una pena.

También se refirió a la retención de documentos y bienes, así como a la apelación del auto de procesamiento. Recomendó incorporar en el proyecto la regulación sobre la extradición de tránsito y la reextradición.

Por su parte, Ortega centró su análisis en tres ejes. El primero, determinar si el proyecto cumple con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, reflexionó sobre la evolución normativa en comparación con otros cuerpos legales de los países de la región andina, como un espacio geográfico con dinámicas comunes en los mecanismos de lucha contra el crimen organizado y transfronterizo.

Por último, destacó la necesidad de establecer otros cambios normativos relacionados con esta materia, tras la modernización integral y actualización del sistema de extradición ecuatoriano.

AM