04/02/2026 | Press release | Distributed by Public on 04/02/2026 19:56
Jueves, 02 de abril del 2026 - 19:44 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves 2 de abril, continuó con el tratamiento del proyecto unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), específicamente en los artículos relacionados con el comercio ilegal de datos, la suplantación de identidad digital, la violencia digital, la extorsión digital y el ciberterrorismo. Para ello, recibió observaciones de tres expertos en la materia.
Luis Enríquez Álvarez, intendente general de Innovación Tecnológica y Seguridad de Datos Personales de la Superintendencia de Protección de Datos Personales del Ecuador, señaló la necesidad de analizar el dolo como componente del delito cometido por medios tecnológicos. Explicó que, con los avances de la tecnología, se han desarrollado agentes inteligentes que actúan de forma autónoma (robots), los cuales podrían incurrir en errores u otras acciones que no necesariamente deberían ser consideradas delitos.
Respecto al uso de materiales y contenidos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, el funcionario indicó que es fundamental establecer qué ocurre con los "fakes", es decir, contenidos o historias creadas mediante el uso de la identidad de menores con fines sexuales. En ese sentido, enfatizó la importancia de definir el alcance de estas prácticas para sancionar adecuadamente los delitos contra la integridad de este grupo vulnerable.
Posteriormente, Matew Felipe Armijos, subsecretario de Meritocracia y Desarrollo del Talento Humano del Ministerio del Trabajo, se refirió a la reforma vinculada a la violencia digital. Señaló que se trata de un delito específico dentro del ámbito de los ciberdelitos, por lo que debe ser correctamente tipificado para identificar de manera precisa al sujeto activo y al sujeto pasivo de esta conducta.
Asimismo, sugirió definir con claridad la conducta típica penal y los bienes jurídicos protegidos, como la intimidad, la dignidad y la privacidad. Añadió que también debería incorporarse el derecho a la integridad de los datos personales, con el fin de que cualquier acción que vulnere esta información en entornos digitales sea debidamente sancionada.
Finalmente, Daniela Macías, máster en Propiedad Intelectual y Derecho de Nuevas Tecnologías, destacó la urgente necesidad de proteger a los ciudadanos que conviven diariamente con dispositivos tecnológicos, a fin de evitar que sean víctimas de delitos digitales. De igual manera, subrayó que, en el contexto del comercio electrónico, es esencial establecer parámetros claros para la protección de los datos personales.
Añadió que la normativa debe contemplar todos los mecanismos mediante los cuales pueden vulnerarse los datos personales, incluyendo bases de datos susceptibles de comercialización a través de plataformas que ofertan productos y servicios. Por ello, propuso ampliar el alcance del articulado para prevenir el uso indebido y la comercialización ilegal de esta información.
EG