La protección de las niñas, los niños y los adolescentes, así como la garantía efectiva de sus derechos, exige un acceso célere a la justicia. Así lo sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, durante la inauguración de la Campaña Nacional de Justicia y Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes, actividad que encabezó junto a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.
"Cuando un niño espera justicia, el tiempo no es un trámite, el tiempo es su futuro. Por eso esta campaña tiene un propósito claro: acelerar los procesos, reducir la carga judicial y poner en el centro el interés superior del niño", afirmó el jefe del gabinete ministerial al destacar el sentido de la iniciativa.
La ceremonia se desarrolló en la sede del Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho y contó con la participación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona; de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Polonia Fernández; de representantes de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos de la niñez, y de alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Mercedes, del mismo distrito.
Durante su alocución, el premier Arroyo subrayó que la campaña constituye una acción articulada entre los poderes Ejecutivo y Judicial, orientada a colocar a la persona en el centro de las decisiones públicas. De este modo, remarcó que la justicia se vuelve más cercana, moderna y humana.
Entre los principales objetivos de la campaña destaca el impulso a la celeridad procesal en materias que inciden en el bienestar y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes: pensión de alimentos, tenencia, régimen de visitas y desprotección familiar, entre otros ámbitos.
Asimismo, contempla la ejecución de jornadas de entrega masiva de endosos judiciales, a través de los cuales las familias podrán cobrar de manera más ágil deudas alimentarias y reparaciones civiles, entre otros conceptos. Del mismo modo, se promoverán audiencias rápidas en procesos de tenencia y régimen de visitas mediante el expediente judicial electrónico, con el fin de disminuir la carga procesal y acortar los tiempos de respuesta.
De acuerdo con información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al cierre de marzo de este año se registran 657 niñas, niños y adolescentes con procedimientos de desprotección familiar pendientes de resolución judicial en las cortes superiores. Este grupo forma parte de una población superior a 13 menores de edad con casos en curso a nivel nacional, que requieren una decisión oportuna para acceder a una medida de protección permanente.
Frente a esta realidad, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros reafirmó el compromiso del Ejecutivo con el impulso de reformas que conviertan las necesidades en soluciones reales. "Un país que no protege a sus niños pone en riesgo su futuro. Pero un país que los prioriza, avanza. Hoy estamos acercando la justicia a quien más la necesita. Hoy estamos diciendo que las niñas, los niños y los adolescentes son nuestra prioridad", concluyó.