Lunes, 12 de octubre del 2026 - 11:10 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales recibió los aportes de tres expertos sobre dos iniciativas legislativas: el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC), para la Defensa de los Pequeños y Medianos Productores, y el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo, Uso Ético y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en el Ecuador.

Fanny Salgado, directora del área de Antipiratería y Anticontrabando de FEXLAW Abogados, entre sus principales propuestas planteó que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) implemente una base de datos pública, completa y actualizada sobre marcas y obtenciones vegetales, que permita consultar información sobre titulares, registros, fechas de vencimiento y estado jurídico de los derechos. Asimismo, recomendó sustituir las actas privadas que acreditan su vigencia por certificados oficiales emitidos por el SENADI, a fin de brindar seguridad jurídica a productores y obtentores (forma de propiedad intelectual), evitar el pago de regalías por derechos caducados y facilitar el registro de contratos de licencia.

Sugirió también preservar la confidencialidad de las condiciones comerciales, establecer plazos realistas para implementar las nuevas obligaciones y garantizar recursos para capacitar a los productores. Finalmente, recomendó diferenciar la denominación de las variedades vegetales del registro de marcas y abordar los conocimientos tradicionales mediante una reforma específica que considere los derechos colectivos.

En relación con el Proyecto de Ley sobre Inteligencia Artificial, Paúl Guaranga, docente de Inteligencia Artificial de la Universidad Estatal de Bolívar, consideró positiva la iniciativa, pero señaló que la regulación debe proteger la propiedad intelectual y brindar seguridad jurídica sin frenar la investigación universitaria, el desarrollo tecnológico ni la creación de empresas.

Propuso establecer obligaciones proporcionales al nivel de riesgo, la escala y el uso de cada sistema, de modo que los proyectos académicos no reciban el mismo tratamiento que las herramientas desarrolladas para su comercialización a gran escala. También planteó crear un consejo o comité consultivo técnico y permanente, con participación de autoridades, universidades, investigadores, pequeñas y medianas empresas tecnológicas, sociedad civil y sectores involucrados.

Por su parte, Cristian Benítez, director de Tecnología Superior en Inteligencia Artificial en el Tecnológico Superior ISPADE, informó que cuenta con un documento técnico que contiene alrededor de 75 observaciones al proyecto. Durante su intervención, llamó la atención sobre la necesidad de evaluar la confiabilidad de las herramientas que pretenden determinar qué porcentaje de un texto fue generado mediante inteligencia artificial.

Asimismo, pidió incorporar al debate el impacto de estas tecnologías en el empleo, especialmente en actividades administrativas y tareas relacionadas con el procesamiento de datos que podrían ser automatizadas. En este contexto, propuso orientar la normativa hacia la creación de nuevas oportunidades laborales vinculadas con la tecnología y prevenir que la transición digital excluya a los trabajadores.

La Comisión reiteró la importancia de recoger estos criterios técnicos para enriquecer ambas iniciativas.

JC