Ministerio del Interior y Comandancia defienden proyecto urgente para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

Miércoles, 08 de octubre del 2025 - 18:07 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Desarrollo Económico recibió los criterios del viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Javier Freire, y del general Fausto Íñiguez, subcomandante general de la Policía Nacional, respecto al proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, calificado como urgente en materia económica y presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azin.

El viceministro Javier Freire subrayó que el Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad nacional que exige respuestas estatales inmediatas. En el ámbito económico -dijo- resulta necesario desmantelar las estructuras que alimentan la violencia y menoscaban la paz ciudadana, para lo cual se requiere fortalecer las fuerzas del orden.

Explicó que se trata de una iniciativa no solo económica, sino también estratégica, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades materiales y operativas de quienes protegen la vida, la paz y la seguridad de todos los ecuatorianos.

Indicó que entre 2022 y 2024 los delitos de extorsión crecieron alrededor del 200 %, y los secuestros casi se triplicaron en lo que va del año. A la fecha, existen 2.765 detenidos y aprehendidos por estos delitos, evitando que se entreguen más de 68 millones de dólares a las economías criminales.

Añadió que la inseguridad no solo afecta a las personas, sino que también tiene un impacto directo en la economía. Según estimaciones, las actividades delictivas han generado pérdidas anuales superiores a los 1.800 millones de dólares. Entre estas prácticas se incluyen la minería ilegal, las extorsiones y el narcotráfico. "Ese dinero debe regresar al pueblo ecuatoriano, a las familias que trabajan, a las empresas que producen y a los jóvenes que buscan empleo", enfatizó.

Sostuvo que invertir en seguridad no es un gasto, sino una manera de recuperar la confianza, la estabilidad económica y el tejido social. "Esta ley propone un mecanismo inmediato, transparente y auditable, que permitirá a los ecuatorianos y a las empresas realizar donaciones en bienes y equipos tecnológicos conforme a un catálogo proporcionado por las fuerzas del orden", explicó.

El proyecto de ley establece que todas las donaciones realizadas por ciudadanos o empresas obtendrán una rebaja del impuesto a la renta causado en el período fiscal, equivalente al valor de la donación, con un tope del 30 % del impuesto causado. De esta forma, se busca involucrar al sector privado y a la ciudadanía en el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Freire recalcó que las donaciones no reemplazan ni complementan el presupuesto público, ni generan endeudamiento. Con esta norma, el Ecuador podrá acelerar el fortalecimiento operativo de la Policía Nacional sin aumentar la deuda pública, ni poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. "El objetivo es adquirir bienes y servicios que permitan combatir la delincuencia organizada de manera anticipada, sin perder tiempo en cálculos políticos", concluyó.

Por su parte, el general Fausto Íñiguez expresó su satisfacción por el impulso de una ley que apoye a la institución en los ámbitos logístico e infraestructural. Señaló que la propuesta responde a necesidades operativas críticas y promueve la corresponsabilidad social en materia de seguridad.

"Esta ley, sin duda, nos permitirá contar con un apoyo inmediato para que nuestra institución pueda responder de forma más eficiente ante el crimen, la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo", afirmó, destacando que la Policía está consciente de los momentos complejos que atraviesa el país.

El general Íñiguez enfatizó que la institución policial, bajo ninguna circunstancia, ha declinado en su compromiso de lucha constante contra la delincuencia. Resaltó que el respaldo a la ley es fundamental como muestra de la corresponsabilidad que el país requiere.

Finalmente, los legisladores realizaron diversas consultas. Diego Franco, vicepresidente de la Comisión y encargado de conducir la sesión, agradeció los criterios expuestos y precisó que esta ley beneficiará no solo a un sector, sino a todos los ecuatorianos.

RSA