Misión de la OEA en Guatemala destaca la importancia de una valoración objetiva de la trayectoria en la judicatura en el proceso de elección de Fiscal General

Comunicado de Prensa

Misión de la OEA en Guatemala destaca la importancia de una valoración objetiva de la trayectoria en la judicatura en el proceso de elección de Fiscal General

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala toma nota del amparo promovido en el marco de la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, en el que se cuestiona la participación de aspirantes provenientes de la judicatura bajo el argumento de que el desempeño de cargos judiciales no constituiría, para efectos del requisito constitucional, ejercicio de la profesión de abogado.

En el marco de su mandato, la Misión recuerda que los estándares interamericanos y la Constitución reconocen a los ciudadanos el derecho de elegir y ser electo, así como el de optar a cargos públicos, dentro de los requisitos establecidos para cada cargo. En procesos de esta relevancia, el análisis de requisitos debe realizarse con criterios claros, objetivos y previsibles, resguardando la certeza jurídica, la igualdad de acceso a la función pública y la estabilidad institucional.

Sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Corte de Constitucionalidad y a las demás autoridades nacionales, la Misión observa que el artículo 251 de la Constitución establece que el Fiscal General debe ser abogado colegiado y reunir las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, el artículo 216 prevé, entre los requisitos para estos últimos, haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años. Asimismo, la propia Constitución exige, como regla general, que magistrados y jueces sean abogados colegiados.

Desde esa perspectiva, la función jurisdiccional, ejercida por profesionales del Derecho en el marco de atribuciones constitucionales y legales, constituye una manifestación especializada, continua y pública del ejercicio jurídico.

En ese contexto, la Misión estima relevante que la trayectoria en la judicatura sea valorada de manera consistente con el diseño constitucional, evitando interpretaciones excesivamente restrictivas y formalistas que puedan traducirse en una limitación irrazonable de la participación de juezas y jueces en el proceso de elección. En ese sentido, debe llevarse a cabo una interpretación constitucional bajo el objeto o fin de las exigencias constitucionales y legales.

Finalmente, la Misión reitera la importancia de que toda decisión en esta materia esté debidamente motivada, sea consistente con la Constitución y el marco legal aplicable, y contribuya a fortalecer la confianza ciudadana, el respeto al Estado de derecho y la institucionalidad democrática.

Referencia: C-034/26