08/25/2026 | Press release | Archived content
Desde el 18 de agosto, la Radio Nacional de Colombia suspendió sus informativos, boletines de noticias, programas de actualidad y contenidos producidos en las distintas regiones del país, reemplazándolos por una programación principalmente musical y centralizada en Bogotá, la capital. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide al Gobierno colombiano restablecer de inmediato la difusión de información producida desde todo el territorio. Las autoridades también deben garantizar que los cambios estructurales y editoriales anunciados preserven la misión de servicio público, el pluralismo y la independencia editorial.
El 17 de agosto, la entidad encargada de gestionar los servicios públicos de radio y televisión en Colombia (Inravisión) envió por WhatsApp una instrucción a los responsables de la radio pública, Radio Nacional de Colombia, suspendiendo, "hasta nueva orden", las noticias, boletines, programas informativos y conexiones regionales.
Esta suspensión se produce pocas semanas después de la elección del nuevo presidente de extrema derecha Abelardo de la Espriella, en el marco de la reorganización anunciada el 16 de agosto por la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Alexandra Falla, y la directora general de Inravisión, Angela Mora, quienes afirmaron que buscan desmantelar lo que calificaron como un "aparato de propaganda" y llevar a cabo una revisión de los contenidos y contratos.
El 22 de agosto, las dos entidades que supervisan la radio nacional (el MinTIC e Inravisión) presentaron los resultados de una investigación en curso sobre contratos celebrados en Inravisión durante la administración anterior, destinados al pago de publicidad y contenidos digitales durante la campaña electoral. También indicaron que Inravisión había solicitado el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República. Corresponde a estos organismos determinar si existen irregularidades y eventuales responsabilidades; esto no justifica mantener suspendidos los programas informativos. Al día siguiente, el 23 de agosto, la Defensoría del Pueblo, institución encargada de la defensa de los derechos humanos, pidió al MinTIC y a Inravisión reevaluar prioritariamente la suspensión y tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las 20 Emisoras de Paz.
"Los medios públicos no son los medios del gobierno de turno: deben estar al servicio de la ciudadanía, más allá de los cambios políticos. Su carácter público exige la continuidad del servicio informativo, el pluralismo, la presencia territorial y la independencia editorial. Una reorganización no puede interrumpir la circulación de la información producida en las regiones ni sustituir de manera general el periodismo por música. Radio Nacional debe retomar su deber de informar desde todos los territorios y cualquier transformación debe fortalecer, y no interrumpir, su misión de servicio público. RSF llama al Gobierno colombiano a restablecer sin demora la difusión de la información producida desde las regiones, garantizar la continuidad de las Emisoras de Paz y preservar la independencia editorial de los medios de servicio público.
Radio Nacional se transmite a través de 74 frecuencias, de las cuales 20 son Emisoras de Paz, estaciones de radio para la paz creadas de conformidad con el punto 6.5 del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las entonces FARC-EP. Estas radios públicas fueron instaladas en algunas de las regiones más afectadas por el conflicto con el objetivo de explicar a las poblaciones los principales elementos del acuerdo y mantenerlas informadas sobre los avances en su implementación. Según una declaración conjunta de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), estos programas informativos llegan a más de 463.000 personas.
El 21 de agosto, la periodista responsable de la Emisora de Paz de El Tambo, en el departamento del Cauca, Jessica Molano Vivas, declaró en una entrevista concedida a Caracol Radio que había enviado información sobre la situación de más de 1.000 habitantes que no podían salir de sus comunidades en Cajibío (Cauca), debido a las tensiones de seguridad entre disidentes de las FARC y la Fuerza Pública. Según ella, esta información no fue difundida. Consultados por RSF el 24 de agosto, periodistas de otras Emisoras de Paz del país también confirmaron que la medida seguía vigente y que sus redacciones continuaban sin emitir programas informativos ni realizar conexiones regionales.